El Gobierno aprueba mañana la reforma de la cadena alimentaria por la crisis del campo

En la reforma de la Ley de la cadena alimentaria está previsto que se incluyan medidas frente a la venta a pérdidas y la inclusión de los costes de producción dentro de los contratos como referencia, a la hora de fijar precios de venta, y la publicidad de las sanciones graves y muy graves. Planas explicó que este decreto ley permitirá «un refuerzo de la posición negociadora» de los productores agrícolas y ganaderos, un «mayor equilibrio en la cadena alimentaria» y una «mayor transparencia en el proceso de formación de los precios».

«Es la primera respuesta que este martes presento», informó Planas a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, al que acudió para informar de la política que llevará al frente de su departamento esta legislatura. En su línea de conversaciones con distintos colectivos, afirmó también que se reunirá con la mesa del diálogo agrario y las tres asociaciones convocantes de las movilizaciones en el campo, Asaja, UPA y Coag.

En relación a la negociación en Bruselas de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, unos fondos de los que dependen en torno al 30% de los ingresos de los agricultores españoles, el ministro recordó que España ha tratado de evitar en las negociaciones del nuevo presupuesto europeo el recorte de la PAC y los Fondos de Cohesión, una rebaja planteada del 13% y el 12%, respectivamente.

Además, Planas adelantó que esperan que sea posible que en 2024 que la declaración de la PAC se haga de forma telemática en un sistema similar al de la declaración de la renta para «facilitar» la tarea de los agricultores.

Todo llega después de la Comisión Interministerial sobre Agricultura que analizó este lunes «un real decreto ley con medidas urgentes en agricultura, pesca y alimentación». La reunión interministerial, celebrada en La Moncloa y presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado las medidas para el sector agrario, en un escenario marcado por las protestas del campo que se celebran en todo el país y la negociación de la Política Agrícola Común (PAC).

Las medidas incluidas en este texto legislativo «son fruto del diálogo mantenido por el Gobierno con todos los actores implicados en la cadena alimentaria: agricultores, ganaderos, comercializadores, industria agroalimentaria, distribuidores y consumidores», según un comunicado de Presidencia.

A esta reunión asistieron los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Ribera; y los ministros de Agricultura, Luis Planas; Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Yolanda Díaz; Industria, Reyes Maroto; Política Territorial, Carolina Darias; Consumo, Alberto Garzón; e Inclusión, José Luis Escrivá.

El ministro reconoció que varios acontecimientos como los aranceles de EE UU a productos agroalimentarios, el 'brexit', la mayor competencia internacional o los desastres climáticos de los últimos meses que «han mermado la producción y el estado de ánimo» de los agricultores, «han afectado notablemente» al sector. «Es una situación grave, de preocupación», destacó, recordando que el conjunto de la población ocupada en el sector pesa un 3,5% del total, pero «son mucho más que eso». «Las 900.000 personas ocupadas en el sector primario son el alma de la España rural, tenemos que darle el apoyo necesario para que tengan un futuro», afirmó Planas.

Por ello, reiteró su reconocimiento de que las movilizaciones del campo están siendo «legítimas» por las reivindicaciones que plantean y que el Gobierno ha intentado darles respuesta «desde el primer día». Además, tendió la mano al resto de grupos parlamentarios para «intercambiar puntos de vista». «Este problema merece un pacto por el campo», aseguró.

Pero los anuncios no frenan las protestas del campo. Este lunes fue el turno de Jaén, donde los 97 municipios de la provincia celebraron concentraciones para protestar por el bajo precio del aceite de oliva y varios productores cortaron carreteras con neumáticos y tractores. Esta es la quinta semana de protestas convocadas por Asaja, Coag y UPA en toda España bajo el tema 'Agricultores al límite' para alertar sobre los problemas de rentabilidad del campo.