Fiscalía y Hacienda valoran las confesiones en el juicio de la trama Gürtel como un punto de inflexión

La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio de los diecinueve acusados de financiación ilegal del PP de Valencia para gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008, a través de facturas ficticias y pagos en B de empresarios que gozaban de adjudicaciones de la Administración valenciana y que por ello no podían por ley realizar donaciones al partido.

Para la fiscal Miriam Segura, se ha probado que la trama diseñó una forma de financiar dichas campañas del PP que logró ocultar al Tribunal de Cuentas «datos fundamentales para una correcta fiscalización» y que se cometieron delitos electorales, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

No obstante, a la vista de sus confesiones en el juicio, en sus conclusiones definitivas ha rebajado de 7 años y 9 meses a 4 años y 3 meses de prisión la petición de condena para el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y de 22 a 7 años y 3 meses de prisión para Correa, para quien estima que hay que aplicar las atenuantes de confesión y reparación del daño.

También ha rebajado las penas para los otros dos cabecillas de la trama: Pablo Crespo, para quien ha solicitado 13 años y medio (antes pedía 22) y Álvaro Pérez, el Bigotes, para quien ha reclamado 16 años y medio (antes 27), tras sus declaraciones reconociendo hechos.

Pérez es el único acusado que ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha dicho que «la verdad ha perdido» tras conocer por la prensa la sentencia del Tribunal Supremo del caso Fitur que confirma su condena a 12 años y 3 meses de prisión y ha anunciado que no colaborará más con la justicia.

Para el exvicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente Rambla, la fiscal ha solicitado 6 años y 3 meses de prisión, y para el exvicesecretario del PP valenciano David Serra 7 años y medio, lo que supone una reducción de 3 meses a cada uno.

En el caso de Correa, la fiscal también ha tenido en cuenta la puesta a disposición de la justicia de dos cuentas en Suiza, que fueron desbloqueadas en diciembre en concepto de responsabilidad por la defraudación estimada.

De hecho, cuando estaba informando el abogado del Estado, el juez José María Vázquez Honrubia ha manifestado que un cuarto de hora antes le habían comunicado que ya habían sido ingresados en Hacienda dos millones de euros procedentes de esas cuentas.

Durante su informe, el abogado del Estado Edmundo Bal ha precisado que Correa es el único que ha realizado «una confesión completa», en tanto que Crespo y Álvaro Pérez han hecho revelaciones parciales, genéricas y «sin pruebas». La fiscal también ha apreciado la atenuante de confesión para los nueve empresarios que revelaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano con 1,2 millones de euros, para quienes finalmente ha solicitado multas.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de 15 años de prisión para el exvicepresidente de Repsol YPF y presunto blanqueador de la red, Ramón Blanco Balín, mientras que para el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en Valencia) Cándido Herrero ha solicitado 16 años y 9 meses, 3 meses menos que en su petición inicial. Siete años y medio de cárcel ha solicitado para la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez (3 meses menos) y 5 meses para la exdiputada en las Cortes valencianas Yolanda García.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que solo acusa de los delitos fiscales, ha rebajado las penas para los tres presuntos cabecillas de la trama al apreciar la atenuante de colaboración con la Justicia y en el caso de Correa, también la de reparación del daño. La abogada de la acusación popular ejercida por el PSOE de Valencia ha anunciado que no es «tan generosa» como la Fiscalía, aunque también ha rebajado las penas para algunos acusados.

Las defensas de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, han reprochado a la fiscal que no haya intentado descubrir quién, por parte del PP valenciano, ordenó a nueve empresarios financiar irregularmente al partido y han denunciado «agravios comparativos» respecto a sus representados.

El abogado de Correa ha solicitado que se le reduzca la pena por el delito de falsedad documental, mientras que los de Crespo y el Bigotes han pedido que se apliquen las atenuantes de reparación del daño, colaboración con la justicia y dilaciones indebidas.

El letrado de Costa ha solicitado que la pena para su cliente quede en un año y siete meses y ha cuestionado que la fiscal no le aplique la atenuante de confesión, cuando es «el primer y único secretario general de un partido autonómico que ha asumido una mala praxis en su comunidad».

Su colaboración, ha precisado, no ha sido «caprichosa» sino «eficaz» en un procedimiento «de enorme transcendencia y carácter ejemplarizante» y ha recordado que Costa «ni ha cogido ni se ha llevado un duro».

Durante el juicio se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado las penas a Francisco Correa y Pablo Crespo de 13 años de prisión, a Álvaro Pérez de 12 años y 3 meses y a la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez de 9 años por irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones de 2005 al 2009.