Más de 600.000 posibles beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se quedan fuera de la ayuda

Es decir, más de 608.000 hogares que podrían recibir esta ayuda no lo hace, bien porque les ha sido denegada o bien -en la mayoría de los casos- porque directamente no la solicitan. El porcentaje solo llega al 17% en el caso de los hogares en riesgo de pobreza severa.

Según indican los expertos de la Airef, la falta de información, la burocracia excesiva o el hecho de estar cobrando otra ayuda (desemlpeo, becas, etc.) desincenetiva el número de solicitudes año tras año. De hecho, y por primera vez en este análisis de la medida, la Airef calcula el impacto de las rentas mínimas en la ecuación del denominado 'non take-up', un indicador del éxito o el fracaso de la medida, al calcular los hogares que no piden la ayuda aunque tengan derecho a ello. El porcentaje se mantiene, en concreto, en el entorno del 56% tras más de tres años de su puesta en funcionamiento.

«La cifra es muy similar a la de los dos años anteriores, lo que señala la falta de avance en la prestación», explica Cristina Herrero, presidenta de la Airef. En concreto, la institución estima que hasta 5 puntos porcentuales de la tasa del 56% se corresponden con hogares que se encuentran percibiendo rentas mínimas. Una proporción que es más elevada en aquellas comunidades autónomas donde el trasvase de beneficiarios al ingreso mínimo ha sido más limitado, como Cataluña, Asturias y Comunidad Valenciana.

Destacan los casos de Ceuta y Melilla, donde ese efecto es mínimo. «Son lugares donde los programas de rentas mínimas son menores y el ingreso mínimo irrumpió con una fuerza brutal. Además, creemos que en municipios más pequeños la información fluye más rápido y los posibles solicitantes están más acompañados en el proceso», explica José María Casado, director de la División de Evaluación del Gasto Público de la Airef.

Además del efecto de las rentas mínimas, también pueden influir otros factores, como el estar recibiendo prestaciones por desempleo, ya sea el paro o el subsidio.

Sea por el motivo que sea, la Airef refleja en sus datos que un 38% de los hogares que podrían pedir la ayuda y no lo ha hecho incrementaría su renta en menos de un 30%. Es decir, renuncian a cobrar un poco más de lo que perciben con su actual prestación para evitar el papeleo.

Desde el organismo fiscalizador de las cuentas públicas reconocen, no obstante, los avances del Gobierno para mejorar la información de acceso a la prestación. Pero aseguran que «queda mucho por andar». Llaman la atención sobre uno de los planes más populares puestos en marcha por el ministro José Luis Escrivá cuando estaba al frente del ministerior, con el autobús informativo para recorrer todo el territorio y ayudar a rellenar las solicitudes.

El Gobierno hizo parada en 38 municipios entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Pero según estimaciones de la Airef, en esos territorios apenas aparecen el 28% de potenciales beneficiarios que no solicitan la ayuda. Según el análisis, la Airef ha detectado 112 ayuntamientos en los que el autobús tendría que hacer parada para llegar al 50% de aquellos que no piden la ayuda aunque tengan derecho a ello.

Entre los retos pendientes para la eficacia de la prestación, la Airef critica que, entre los criterios para conceder la prestación se tengan en cuenta los ingresos del año anterior y no los del ejercicio en curso, cuando pueden producirse situaciones que provoquen la pérdida de ingresos y, por tanto, la necesidad de solicitar la ayuda. En concreto, de los 836.510 expedientes en los que el hogar ha solicitado tener encuenta sus ingresos actuales, solo se han aprobado el 24%. De esos 198.300, se ha reconocido la prestación con los ingresos del año en curso a 3.964, tan solo un 2%.

«La persistencia de estos retos nos lleva a insistir en la necesidad de reformar el diseño del IMV; proponemos acercar las prestaciones al ciudadano con esquemas de concesión de oficio», señala Herrero. Es decir, acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, subsidios por desempleo, etc) más automático, además de que la revisión de la prestación sea con datos más vinculados al presente, «por ejemplo, con las cotizaciones sociales», indican desde la Airef.

Por su parte, el Gobierno defiende que el Ingreso Mínimo Vital «es una política viva que se puso en marcha en un tiempo récord, en un momento muy delicado, durante la pandemia, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables del azote de la crisis. En tan solo dos meses estaba implementada, cuando la media para este tipo de prestaciones, tanto en España como en Europa, es de 7 y 8 años».

Recuerda que no es la única política para combatir las situaciones de pobreza y/o exclusión social de este país. «Se está trabajando en dos vías principalmente: avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso a la prestación», explican desde el ministerio ahora comandado por Elma Saiz. «Tiene especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil: el 42,2% de beneficiarios son menores (1.051.142). En 2 de cada 3 hogares la titular es una mujer (67,2%). Si consideramos el total de beneficiarios, las mujeres representan el 54%», añaden.