400.000 hogares no han solicitado el ingreso mínimo pese a cumplir los requisitos

Este organismo, que tiene entre sus misiones realizar una evaluación anual de esta medida, considera que esta prestación «solo ha desplegado una parte de su potencial», puesto que ha llegado apenas a 284.000 hogares –con datos a 31 de diciembre de 2021 que no incluyen a País Vasco y Navarra–, en su mayor parte familias con hijos, pero podría beneficiar a 700.000 si estuviera plenamente implementada, para lo que habría que destinar 2.800 millones de euros.

Es más, apenas cubre a un 22% de los hogares en riesgo de pobreza, que estiman en 1,3 millones (es decir, aquellos cuyos ingresos son inferiores al 40% de la renta mediana nacional). Cubrir toda la pobreza supondría un coste total de 6.000 millones anuales, frente a los 1.600 millones que se han ejecutado, según datos de la Airef, que considera que solo ha llegado al 40% de sus beneficiarios potenciales y ha ejecutado un 56% de su presupuesto, pero asegura que «tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social».

En este sentido, la Autoridad Fiscal estima que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, fenómeno conocido como 'non take-up'. Este hecho «sorprende, pero vemos que es un rasgo común en otros países de nuestro entorno por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, que es difícil de implementar», explicó la presidenta de la organización, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

La inmensa mayoría de estos potenciales beneficiarios que ni siquiera lo han pedido, un 91%, poseen rentas del trabajo; más concretamente, en torno a un 53% recibe prestaciones por desempleo, por una cuantía de 430 euros al mes, por lo que están por debajo del umbral de la pobreza y esta renta les complementaría hasta el mínimo garantizado. Significa esto que existe menor probabilidad de solicitar esta ayuda en los hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios. «Los hogares que se encuentran cerca del umbral de elegibilidad pueden percibir que los costes de la solicitud en términos de tiempo, burocracia u otras cuestiones no son compensados por el beneficio que obtendrían», advierte el informe.

En cualquier caso, el número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, pero un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. En concreto, la Airef señala que el 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento.

Pese a todo, Herrero afirmó que el ingreso mínimo «sin duda ha contribuido a luchar contra la pobreza», puesto que añade renta a los beneficiarios y porque se trata de una prestación suelo que además puede liberar recursos de las CC AA para que estas establezcan una protección adicional. No obstante, desde la Airef sí criticaron que el Gobierno no ha definido un «objetivo claramente identificado», es decir, en qué porcentaje determinado quiere reducir la pobreza o si pretende erradicarla por completo, y ni siquiera han definido lo que se entiende por pobreza, lo que «complica el desarrollo de estos trabajos».

Por ello, la presidenta de la Airef instó a concretar un objetivo para así poder evaluar su eficacia, así como reclamó analizar «en profundidad» el «amplio porcentaje» de expedientes rechazados. Asimismo, pidió al Ejecutivo reconsiderar la definición de patrimonio establecida puesto que una parte importante de los hogares en riesgo de pobreza no pueden acceder a la prestación por incumplir los criterios de patrimonio, así como averiguar las causas de por qué tantos potenciales beneficiarios no lo solicitan. Para llegar a todos, abogó por hacer mucha publicidad y simplicar más los trámites administrativos.