Bienes en el exterior, el palo de Hacienda a los defraudadores

La clásica estrategia del palo y la zanahoria. Ese es el camino elegido por el Gobierno con los defraudadores. Es decir, primero fue la amnistía fiscal o «el cebo para los pececillos», en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero después de ese perdón, en 2013, llegó la declaración de bienes en el exterior, el conocido y temido modelo 720. Este instrumento obliga a todos los contribuyentes con patrimonio superior a 50.000 euros en el exterior a declararlo a la Agencia Tributaria. Sin embargo, no hacerlo o cumplimentarlo mal está sujeto a pagar elevadas multas.

Así, la norma contempla que presentar la declaración o hacerlo con errores u omisiones supone 5.000 euros por dato o grupo de datos errado. Si se presenta, pero fuera de plazo la cantidad se reduce a 100 euros por dato. Asimismo, no presentar la declaración o dejar algún activo fuera puede llegar a una sanción adicional del 150% sobre la cuota tributada más intereses. Y es que otra de las características del régimen sancionador es que la infracción no prescribe por muchos años que hayan transcurrido desde la adquisición del bien o patrimonio.

Todo este despliegue ha dado como resultado que hasta 138.000 residentes en España hayan declarado bienes en el exterior por valor de 97.000 millones -la mayor parte ubicados en Suiza-, según datos de Hacienda. Una información que ha permitido a la Agencia Tributaria formar una macrobase de datos con la que poder cruzar muchas cifras y poder llevar a cabo multitud de investigaciones. De hecho, según explicó el propio Montoro en su comparecencia de esta semana, se han llevado a cabo 10.990 actuaciones inspectoras a declarantes del modelo 720 con deuda instruida de 1.947 millones que tienen que abonar. De momento, se han liquidado ya 971 millones.

Sin embargo, puede que el Gobierno se haya excedido en el castigo impuesto por infringir esta norma. «Para conseguir que sea un elemento muy disuasorio las sanciones son bestiales», explica el profesor del IESE, Enrique Chinchilla. Una opinión que también comparte la Comisión Europea. De hecho, Bruselas ya abrió en 2015 un expediente a España por la declaración de bienes en el exterior. Y en febrero de este año dio un paso más al enviar un escrito motivado al Gobierno en el que le daba un ultimátum para modificar un régimen sancionador calificado de «desproporcionado» y «discriminatorio». En caso de no hacerlo, la Comisión advertía de que estaba dispuesta a acudir al Tribunal de Justicia de la UE.

Y es que las autoridades comunitarias consideran que las elevadas multas «están en contradicción con las libertades fundamentales de la UE» al ser muy superiores a las sanciones aplicadas en situaciones similares, pero a nivel nacional. Algo que, según la Comisión, puede «disuadir a empresas y particulares de invertir o trasladarse a través de las fronteras del mercado único». Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme y defiende el modelo 720 tal y como está. Parece que, por ahora, mantendrá el palo para los defraudadores.