El fiscal, «harto» de la «corrupción empresarial», pide cuatro años de cárcel para dos expresidentes de Cepyme

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el representante del Ministerio Público criticó la tesis defendida por las defensas, que han sugerido que «lo que no está prohibido está permitido» como si la decisión de convertir en remunerado un cargo que no lo estaba conforme establecían las normas de la patronal de la pequeña y mediana empresa fuera casi un «capricho de una reunión de amigos».

«Todo el mundo quiere ser presidente de Cepyme como quiere serlo del Real Madrid, no por los servicios que se le prestan», espetó el fiscal, para quien se encuentra ante un «fraude ruin» y una «vuelta de tuerca» a la forma de facturar gastos. Por ello, y aun cambiando el cargo de apropiación indebida por otro de administración desleal, elevó a definitiva su petición de cuatro años de cárcel para los cinco acusados: los citados Bárcenas y Terciado, junto a los secretarios generales de la patronal durante su etapa.

La acusación particular que ejercen varios asociados a Cepyme eleva esa solicitud, sin embargo, hasta los seis años de prisión para los dos expresidentes. La propia patronal, sin embargo, no presentó cargos contra ellos ni tampoco les ha reclamado las cantidades correspondientes a sus remuneraciones supuestamente indebidas. La Fiscalía, de hecho, le afeó esta conducta, al igual que hizo el juez que instruyó el caso, que estimó difícil de comprender dicha decisión, máxime por la grave situación de pérdidas económicas que atravesó la organización cuando todo sucedió.

Antes de terminar la vista oral, otro exsecretario de Cepyme, Elías Aparicio, testificó que «dependía completamente» de la CEOE. Y ésta, según él, autorizó tanto el alquiler de un coche oficial a un concesionario de Barcenas para ocuparlo él mismo, como su sueldo de presidente. «No nos dieron otra opción», afirmó.