Dos expresidentes de Cepyme afirman que la CEOE conocía sus cobros irregulares

La línea común de sus declaraciones fue que tales remuneraciones, pese a no estar contempladas en los estatutos de Cepyme -que recogían de forma expresa que el cargo de presidente «no está retribuido con honorarios profesionales por sus servicios»-, sí eran «conocidas por todas» y contaban incluso con el aval de la CEOE, de la que según ellos «dependían sus cuentas» aunque son entidades jurídicas diferentes.

Según José Manuel Vilar, que fue gerente de Cepyme, era dicha patronal la que daba «indicaciones sobre los pagos», que comenzaron en la etapa de José María Cuevas al frente de la misma y siguieron con sus sucesores, tanto con Gerardo Díaz Ferrán como incluso Juan Rosell. De hecho, el actual presidente de Cepyme y 'número dos' de CEOE, Antonio Garamendi, declaró al tribunal que él tiene sueldo oficial "desde hace tres meses" tras haberse "aclarado los estatutos".

Sin embargo, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, testificó que aunque si podía tener conocimiento de lo que ocurría carecía de poder de decisión al ser «absolutamente autónomas». Pese a ello, otro de los exsecretarios generales de Cepyme, Gonzalo Garnica, había señalado poco antes que fue en tiempos del fundador de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, cuando se permitió que los líderes de ambas organizaciones fueran remunerados "siguiendo la constumbre empresarial de que todo el que trabaja tiene que cobrar", consideración que el propio Garamendi, hoy al frente de la pequeña y mediana empresa, estimó "bastante lógica".

Jesús Terciado, por su parte, ha negado que los problemas económicos de Cepyme se debieran a esos sueldos que, según el juez que instruyó el caso, se «enmascararon» como aparentes «asesoramientos y consultorías». El deterioro, según él, se produjo en 2012 al devolver un millón al Estado por irregularidades en la Fundación para la formación. A su vez, Jesús Barcenas justificó en cobro de un sueldo, disimulado dentro de una partida para la alta dirección y sin que constara su nombre, en que tenia "dedicación exclusiva al cargo" y por ello apenas tenía tiempo de atender sus labores empresariales "particulares".

La Fiscalía, en su escrito de calificación provisional, solicita cuatro años de cárcel para los dos expresidentes de Cepyme como presuntos autores de sendos delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida, así como una multa de 10 meses cuantificada en un importe de 3.000 euros. Idéntica pena reclama para sus tres acompañantes en el banquillo. Son José Alberto González, José Manuel Vilar y Gonzalo Garnica, también ex altos cargos de la llamada patronal 'pequeña' (ocuparon el cargo de secretario general de forma sucesiva), que habrían servido de cooperadores necesarios para la actuación supuestamente ilícita de sus antiguos jefes, a fin de "ocultarla a los órganos colegiados".