Los estibadores mantienen sus paros para mayo y junio tras acusar al Gobierno de «hacer oídos sordos»

El más crítico entre los representantes del colectivo encargado de la carga y descarga de mercancías de los barcos fue este lunes el líder de la mayoritaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, quien acusó al Ejecutivo de «hacer oídos sordos». Y es que, criticó, en vez de acordar con los agentes sociales «lo que necesita el sector», ha optado por incluir en su decreto del viernes la propuesta del mediador gubernamental, Marcos Peña, una figura «impuesta» que según él ha elaborado un documento «errático y desubicado».

No es su único reproche al Gobierno, al que acusó asimismo de «mentir» en varias ocasiones, por ejemplo, respecto a la inminencia de una segunda sanción de la justicia europea a España por no liberalizar la estiba que se uniría a los más de 23 millones ya acumulados desde su primer fallo en al respecto en diciembre de 2014.

«Más allá» de lo pedido

«Su actitud está dejando mucho que desear», lamentó el líder sindical para a continuación criticar al Ministerio de Fomento por ir en las medidas de su decreto «mucho más allá» de lo que pide el tribunal comunitario, introduciendo incluso una rebaja salarial indirecta. «Se ha demostrado que había tiempo para negociar», se quejó Goya tras destacar que desde finales de marzo no ha habido conversaciones con el sector.

«Nuestra prioridad no es la huelga, sino la negociación», afirmó para a continuar responsabilizar al Ejecutivo como «único culpable del conflicto si al final hay bronca». Los sindicatos, no obstante, ya han previsto 16 días de paros en horas alternas entre el 24 de mayo y el 10 de junio.

Su labor ahora será convencer a los grupos políticos para que este jueves rechacen en el Congreso la reforma, aunque el Gobierno cuenta a priori con el respaldo directo o indirecto de Ciudadanos, PNV y PDeCAT. Sobre ello, el presidente Mariano Rajoy consideró este lunes «incomprensible» si al final no cuenta con los apoyos necesarios pues, de lo contrario, sería «un ataque de un parlamento democrático al Estado de Derecho» por no cumplir una sentencia de la UE.