El Gobierno aprueba un segundo decreto para la estiba sin los agentes sociales

El contenido del texto es, en líneas generales, similar al de aquel primer decreto salvo algunos pequeños cambios que favorecerían a los sindicatos, calificados por fuentes gubernamentales como «guiños». Sin embargo, aquellos mostraron su «absoluto y enérgico» rechazo al decreto, pese a admitir que no habían podido leerlo con detalle precisamente porque no se les ha facilitado, otro de sus motivos de queja, al «sospechar» que es «prácticamente idéntico» al anterior y, por lo tanto, «se trata de una norma que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba».

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), central mayoritaria en el sector, y el resto de sindicatos también dirigen sus críticas a las formas del Ejecutivo, al que acusan de haberse portado «de manera contraria a lo que prometió que haría», imponiendo «de forma autoritaria» una iniciativa sin darles antes la oportunidad de analizarla y «aportar propuestas». «Es un abuso le reprocharon que no responde al consenso que pedían».

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, reconoció esa falta de información pero la matizó. Según él, no había compromiso de consultar el controvertido decreto de ayer porque se centra en «cuestiones técnicas». Lo que sí se hará, apuntó, es someter a consulta de los agentes sociales otro decreto complementario (de él se habla en la disposición final tercera del texto) para el desarrollo reglamentario de la norma.

Este último decreto «aún no está finalizado» pues «estamos trabajando en ello», si bien la idea es concluirlo la semana próxima, explicó. Su tramitación parlamentaria, a diferencia del aprobado ayer que irá este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados, se alargará luego entre tres y cuatro meses.

Propuesta «escasa»

La intención de Fomento es contar antes con el respaldo de los agentes sociales, pues según el ministro «recogerá los frutos de las negociaciones» que mantuvieron en marzo, tomando como base la propuesta que elaboró el mediador, Marcos Peña, presidente del Comité Económico y Social (CES). El problema es que aquella fue considerada escasa por patronal y sindicatos, sobre todo en materia de ayudas públicas.

De la Serna dejó claro que el Ejecutivo no está dispuesto a poner sobre la mesa más de los 120 millones de euros que los departamentos de Fomento y Empleo ofrecieron para apoyar la reconversión del sector. Pero esta suma está muy lejos (es 20 veces inferior) de los 2.415 millones en que su propio Ministerio cuantificó las reivindicaciones pactadas por los agentes sociales.

Entre ellas figura, por ejemplo, que el Estado pague la diferencia salarial entre los nuevos estibadores y los subrogados -el sueldo medio por trabajador del sector llega hoy a los 68.000 euros-. También demandan que las jubilaciones anticipadas ya ofrecidas por el Gobierno, junto a un plan de bajas incentivadas para mayores de 50 años, se prolonguen en el tiempo «hasta el dimensionamiento óptimo de las plantillas», es decir, que no tuvieran fecha límite.

Cambios «técnicos»

Desde el Ejecutivo se estima que la mayoría de esas reclamaciones son «inasumibles»·, a la vez que «discriminatorias» con otros sectores también reconvertidos pero con bastante menos respaldo de las arcas públicas. Por eso, en el decreto de ayer Fomento introduce varios cambios técnicos ya «consensuados» según sus responsables, aunque sin coste directo para la Administración.

Por ejemplo, se incluye la obligación de realizar prácticas profesionales antes de poder actuar como estibador (660 horas, el 75% en los puertos y gestionadas en última instancia por el Ministerio). Asimismo, se modifica un artículo de la Ley de Puertos de 2010 para que dicho colectivo vuelva a controlar de forma expresa la carga y descarga de todo tipo de vehículos, tarea que desde entonces compartían en algunos lugares con otros trabajadores.

Asimismo, se elimina la obligación de contar con la titulación de Formación Profesional para ejercer esta profesión y se prescinde del recargo a las cuotas sociales de las empresas cuando hacen contratos temporales en los servicios portuarios.

A priori, el Gobierno cuenta ya con el acuerdo con Ciudadanos, PNV y PDeCAT (la antigua CiU) para que el jueves se apruebe el decreto en el Pleno del Congreso, contando con el voto afirmativo de los dos primeros y la abstención de los independentistas catalanes. Los sindicatos, sin embargo, contactarán con todos los partidos para pedirles lo contrario y estudiarán «otras acciones contundentes», incluidos casi tres semanas de paros (16 días en total) en horas alternas entre el 24 de mayo y el 10 de junio.