La luz se dispara un 26,2% en enero y eleva la inflación al 3%

El grupo de productos que más ha influido en el alza de los precios es la vivienda, que registró una enorme variación del 7,4%, más de seis puntos y medio superior al mes anterior, debida en su mayor parte a la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada que experimentaron en 2016. También tuvieron impacto el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y el gas. Por su parte, el transporte alcanza una tasa del 7,6%, casi tres puntos por encima de la de diciembre, causada casi en su totalidad por el encarecimiento de los carburantes este mes, que contrasta con el descenso registrado en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Sin embargo, también hubo productos de la cesta de la compra que descendieron. Es el caso del grupo otros bienes y servicios, cuya tasa disminuyó cinco décimas hasta el 1,4%, por el comportamiento de los seguros. También se abarataron las comunicaciones, que presentaron una tasa anual del 2,6%, siete décimas inferior a la del mes pasado, debido principalmente al descenso de los precios de los servicios de telefonía, frente al aumento en 2016.

Los datos del IPC muestran la influencia del petróleo en los vaivenes de los precios. De hecho, la tasa de inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) sólo se incrementa una décima, hasta el 1,1%. Este es el indicador al que se aferra el Gobierno para argumentar que no se ha producido una gran subida generalizada de precios en la cesta de la compra.

Desindexación

Para tratar de evitar el contagio de la inflación a otros costes, el Gobierno aprobó el reglamento de la ley de desindexación. El objetivo es desligar la revisión de precios de los bienes y servicios públicos de la evolución del IPC. Es decir, que los billetes de tren o de autobús no suban si lo hace la inflación. Sin embargo, la normativa deja la puerta abierta a que puedan encarecerse si hay un alza de los costes energéticos -justamente lo que ocurre en la actualidad-.

En cualquier caso, una inflación en el 3% tiene como una de las primeras consecuencias una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de 2,75 puntos, ya que su revalorización este año será del 0,25% -la mínima que marca la ley- después de que el Gobierno rechazase una subida del 1,2% como reclamaba la oposición y los sindicatos. Hay que tener en cuenta que los pensionistas ya soportaron en 2016 una pérdida en la capacidad de compra de 1,35 puntos si se tiene en cuenta que sus prestaciones aumentaron un 0,25% y la tasa de IPC acabó diciembre en el 1,6%.

Al mismo tiempo, los trabajadores también pierden capacidad de compra. Para tratar de evitarlo, UGT y CC OO han propuesto a la patronal una subida salarial en 2017 de entre el 1,8% y el 3% en función de la situación de cada empresa. Sin embargo, la CEOE sólo acepta un incremento de las retribuciones de "hasta" el 1,5% más un 0,5% adicional vinculado a la productividad y a la reducción del absentismo laboral. Algo que no gusta a los sindicatos por no contemplar una subida mínima. Además, la competitividad de las empresas española también puede verse afectado por la alta inflación. De hecho, el IPC armonizado (homogéneo en toda la UE) se situó en enero en el 2,9%, lo que puede afectar a las exportaciones si se confirma una inflación del 1,8% en la zona euro.