La Audiencia Nacional ordena investigar a Fernández Ordóñez por el 'caso Bankia'

Además de a Fernández Ordóñez y Segura, la Sala acuerda que también se cite, de entre los responsables del Banco de España, a Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.

El auto considera procedente la petición de los recurrentes de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a bolsa y que, según aquellos, la autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

La decisión de la Audiencia Nacional viene avalada fundamentalmente por la incorporación de una serie de correos electrónicos entre técnicos del Banco de España en los que el que fuera inspector jefe del supervisor en Caja Madird y Bankia, José Antonio Casaus,advertía tres meses antes de la ops de Bankia de que la solución tomada entonces por las autoridades y la propia entidad de sacar a Bolsa la filial con el negocio bancario (Bankia) y mantener los activos tóxicos en la matriz no cotizada (BFA) acabaría obligando al Estado a «socializar las pérdidas». «No funcionará y creará quebranto al contribuyente», añadía el técnico, pronosticando lo que luego sucedió.

De hecho, la Sala rechaza la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia manifiestamente excesiva.

Hay que recordar que, después de aquella salida a Bolsa que ha resultado tan compleja, Bankia tuvo que ser rescatada con dinero público por más de 22.424 millones de euros. Además, por los propios errores cometidos en la Oferta Pública de Suscripción (OPS), la entidad ha tenido que reintegrar a los pequeños inversores centenares de millones, mientras que la firma se encuentra pendiente de las demandas interpuestas por inversores institucionales por los perjuicios que les habría causado esa OPS.