El Supremo presiona al bono social al obligar a devolver 500 millones a las eléctricas

La sentencia dictada por el Alto Tribunal no pone en duda esta subvención de la que gozan en estos momentos 2,4 millones de consumidores. Pero sí insta a anular el decreto ley que obliga a costearlo entre las empresas del sector. Y, sobre todo, exige que se reintegre a estas compañías las cantidades que han abonado desde que se puso en marcha el sistema, en 2014 de la mano del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. Endesa, que costea un 41% del total, Iberdrola (38%), Gas Natural (14%)_y EON (2,5%), entre otras, percibirán unos 500 millones, la cuantía financiada por el sector desde entonces. Su importe anual se estima entre 180 y 220 millones.

En la sentencia, dictada el pasado día 24, los jueces determinan que la ley aprobada por el Ejecutivo para estructurar el bono social es «discriminatoria» y tiene «falta de transparencia», en contra de lo que dicta la directiva europea sobre el mercado interior energético.

Además, el texto señala la imposibilidad de que el coste de la financiación de esta ayuda «se haga recaer únicamente en los grupos» que desarrollen las actividades de generación, distribución y comercialización de la luz, frente al resto.

Cambios en la factura

El fallo supondrá un agujero para las cuentas públicas o para el conjunto de los consumidores, que podrían verse abocados a pagar las consecuencias de esta posición jurídica. Todo dependerá de lo que decida el nuevo Ministerio de Industria, una vez constituido el Gobierno.

Si el futuro ministro decide que se reparta la factura entre los recibos de los 25 millones de usuarios, verían incrementada en 1,5 euros al mes lo que pagan durante un año. Si opta por financiar este obstáculo vía presupuestos, deberá drenarlo de otras partidas. Y si prefiere recurrir, posiblemente se volverá a llevar un no rotundo del Supremo.

No es la primera vez que este tribunal anula el sistema de financiación del bono, con la devolución las eléctricas de las cantidades abonadas durante varios años. En febrero de 2012, el Supremo ya dictó un fallo, con un coste de 275 millones. Durante varios meses, Industria endosó este importe a los recibos.

El fallo del Supremo podría suponer el último capítulo de una ayuda que parece abocada a su modificación. Las compañías abogan por aplicar un descuento en la factura en función de la renta de cada familia vulnerable, y no por algunos de los criterios que ahora rigen, como el de las familias numerosas o el de hogares con escasa potencia contratada, no siempre ligados a situaciones de pobreza energética.

Industria también tendrá que decidir a muy corto plazo en qué medida aumentará el margen de comercialización del precio regulado que corresponde a las eléctricas, lo que podría suponer otro incremento de la factura mensual del usuario.