Los beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica bajan el 2,3% desde 2014

El bono social, un descuento puesto en marcha en 2009 y revisado en 2013 para amortiguar los costes energéticos entre las familias más necesitadas, vive en un estado de bipolaridad en los dos últimos años. Hasta febrero se benefician de esta medida 2.437.537 titulares de contratos de luz, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto es, un 2,3% menos que en 2014.

Pero esta reducción se explica con una disparidad de casos de quienes lo tienen asignado. En los 24 últimos meses, el colectivo de desempleados -el bono social requiere que todos los miembros de una familia se encuentren en paro de larga duración- es el que más se ha incrementado, un 42%. Aunque representan menos de un 3% del total.

También ha aumentado más de un 10% el número de pensionistas perceptores -lo obtienen aquellos jubilados con prestaciones mínimas-, hasta representar un 13% del total. Son dos de los colectivos sobre los que existe consenso en el mercado que deberían seguir beneficiándose de esta medida.

Pero, al mismo tiempo, se ha disparado un 33% el número de familias numerosas que se lo aplican, hasta sumar 204.000. Y se mantienen al frente de este tipo de ayudas todos aquellos titulares de contratos de luz cuya potencia es menor a tres kilovatios (Kw), un heterogéneo segmento al que se intentó ayudar con el bono social, al tratarse de hogares con escasez de luz que no podían abonar facturas más elevadas con potencias más altas. Son 1,8 millones de personas, el 75% del total, aunque su número se ha ido reduciendo a un ritmo cercano al 8% desde 2014.

Precisamente sobre estos dos colectivos de clientes eléctricos se cierne el mayor número de dudas por parte del sector sobre la idoneidad de que se beneficien de forma generalizada de esta medida. Porque lo hacen -tanto en el caso de las familias numerosas como las de hogares con escasa potencia contratada- de forma ajena a su patrimonio.

Así lo explica Endesa en la propuesta para la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad que ha remitido a los organismos competentes del Gobierno para su estudio, y a la que ha tenido acceso este diario. La compañía argumenta que «al no haberse fijado una limitación por criterio de renta para acogerse al bono social, una parte sustancial de las familias numerosas y otros clientes con potencia inferior a tres kilovatios pudieran no estar apropiadamente encuadrados como vulnerables», porque esa condición «no da lugar necesariamente a estar en una situación de vulnerabilidad económica». Por ejemplo, en el caso de viviendas con escasa potencia contratada puede tratarse de segundas residencias -playa, montaña, etc.- sin que necesariamente sus propietarios pasen necesidades presupuestarias.

El cambio con respecto al modelo actual opta, en primer lugar, por aplicar la rebaja actual -un 25% de descuento en el precio del consumo energético de la factura- o establecer otra del 60% en la parte de potencia contratada por cada hogar. Se podría dar «una señal real del precio al consumidor», explica Endesa.

A la hora de beneficiarse de esta medida, la compañía eléctrica apuesta por aplicar -además de a pensiones mínimas y familias en paro- al colectivo de consumidores titulares del contrato de suministro en su vivienda habitual, con una potencia contratada menor o igual a 3 kW, y familias numerosas. Pero, en estos últimos casos, siempre que la renta de la primera persona de esa unidad familiar no supere el 120% del salario mínimo interprofesional (SMI) -unos 10.841 euros para este año-; los ingresos del segundo miembro sean inferiores al 70% del SMI -unos 6.324 euros-; y los de las terceras personas y siguientes, la mitad del salario mínimo-unos 4.517 euros-. En total, para una familia media de cuatro miembros, la renta conjunta no debería superar los 26.199 euros al año, según la propuesta de Endesa.

Menor coste para el sector

La medida supondría un importante ahorro para las compañías eléctricas con respecto al coste actual del bono social. Endesa calcula que, con la limitación por rentas, serían beneficiarios unos 1,6 millones de hogares, frente a los 2,4 millones que actualmente se aplican este descuento en la factura de la luz. El impacto económico para las corporaciones ascendería a 131 millones de euros frente a los 200 millones que en 2015 destinaron a esta ayuda.

El sector se encuentra también en este caso pendiente de la formación de Gobierno para estudiar los cambios posibles en el modelo de ayuda a consumidores vulnerables. E incluso a que el futuro Ejecutivo pueda asumir el coste de esta medida tan compleja.