Competencia denuncia un cartel en la mensajería y la paquetería empresarial

Para ser más exactos, los investigadores del regulador creen que el operador público y los que tenían que haber sido sus competidores habrían acordado durante varios años la CNMC aún no ha revelado cuántos «repartirse clientes» entre todas las empresas implicadas en esta supuesta trama. Según fuentes del sector, Competencia actuó tras recibir un chivatazo y en los últimos meses (noviembre de 2015 y abril de este año) realizó sendos registros en varias de las compañías.

En total, según informó este viernes, la Comisión ha incoado expediente sancionador a 19 empresas, aunque la mitad son filiales del resto. Así, aparte de Correos y los cuatro grandes grupos mundiales citados, la lista incluye también a Courier, GLS, Redyser, MBE y Tourline, filial de la empresa pública portuguesa de Correos.

No aparecen, sin embargo, otras de las grandes firmas del sector como Unipost, MRW y Seur que, a tenor de las pesquisas realizadas desde el regulador, no participan de este posible oligopolio en el negocio de los envíos de todo tipo de productos, fundamentalmente a empresas.

Aunque la instrucción de los expedientes puede alargarse ahora hasta un año y medio, Competencia ya observa indicios de una infracción contra el libre mercado. En función del perjuicio que se haya podido causar, al impedir que los precios pudieran bajar más, la posible multa a imponer de no ser archivados los expedientes podría llegar hasta el 10% de la facturación nacional de las empresas implicadas.

Quejas del sector

Las empresas del sector de la mensajería y la paquetería empresarial se han quejado durante años del posible trato de favor que la Administración concede a Correos, una valoración que comparte la propia CNMC pues en marzo pasado presentó un informe donde criticaba que el operador público hubiera resultado adjudicatario de todos los contratos de los departamentos y organismos centrales del Estado con la excepción de la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo (antiguo INEM). También censuraba que por ley se le hubiera concedido la gestión del servicio postal universal hasta 2025 cuando, en su opinión, debería revisarse cada cinco años.

La patronal privada de logística y transporte (UNO) ha denunciado en varias ocasiones ante Competencia que Correos habría incurrido de forma frecuente en dumping, es decir, comercializar sus servicios por debajo del coste real con el objetivo de no perder cuota de mercado frente a sus competidores. La Comisión Europea, a su vez, abrió en febrero una investigación oficial para dilucidar si parte de las ayudas públicas recibidas por el operador público entre 2004 y 2010 -solo en el último lustro ha obtenido 1.300 millones de euros vía Presupuestos del Estado- pudieron infringir la normativa comunitaria, al haber superar supuestamente las subvenciones recibidas el coste del importe del servicio universal que pretendían compensar.