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José Antonio Bravo
Miércoles, 13 de julio 2016, 11:58
El Gobierno se ha comprometido con la UE a «adelantar el cierre del presupuesto de 2016», con el fin de «controlar el gasto público». Es básicamente la única novedad respecto a lo ya adelantado por el ministro de Economía en funciones, ... Luis de Guindos, sobre el contenido de las alegaciones que ha presentado en Bruselas para tratar de reducir al mínimo la multa que la Comisión Europea, respaldada por los socios de la Unión, pretende imponer a España por no haber hecho avances para reducir el déficit en 2015.
En el documento, cuyo resumen ha sido difundido en la noche de este miércoles por el Ministerio, se insiste en los mantras que ha defendido el Ejecutivo en las últimas semanas. Así, subraya que el esfuerzo fiscal realizado por España «es innegable», pues el déficit público «prácticamente» se ha reducido a la mitad desde el 9,6% de 2011 (en términos equivalente de PIB) al 5% registrado en 2015.
El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha considerado hoy que la propuesta del Gobierno para que las empresas adelanten el pago del Impuesto de Sociedades supone "menos y peor" financiación y ha instado a que se haga algo similar en el sector público, para que la morosidad mejore y todos sean tratados por igual.
Rosell ha reconocido que si la medida se prolonga en el tiempo podría afectar a la viabilidad de las empresas. Sobre el hecho de que el anuncio parta de un Gobierno en funciones, Rosell ha precisado que "no se trata de incremento ni de rebaja", simplemente es una "nueva fórmula" de pagar los impuestos, distinta a la que había hasta la fecha.
"Es como si nos dijesen que el IRPF que lo pagamos todos a 30 de junio, en vez del 30 de junio lo pagamos el 15 de marzo", ha explicado.
No obstante, ha insistido en que a nivel empresarial esta medida supondrá "menor financiación, sin duda alguna" y ha exigido que en la empresa pública se haga lo mismo.
También alude a que la inflación negativa, sobre todo la de 2013, «ha dificultado aún más el ajuste». «Similares circunstancias económicas excepcionales señala el Ministerio fueron tenidas en cuenta» en el pasado «en la evaluación de la acción efectiva de otros países», por lo que considera que «no pueden subestimarse» ahora para España. «La igualdad de trato debe prevalecer», subraya en sus conclusiones.
A la espera del nuevo Ejecutivo
Recuerda, además, que en abril adoptó varias medidas como un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en la Administración Central para «asegurar el pleno cumplimiento» del tope de déficit para el presente ejercicio (3,6%). Y eso pese a estar «en funciones» desde diciembre.
Esto último, sin embargo, no le ha impedido ofrecer «compromisos adicionales» que «se adoptarán y aplicarán» precisamente «tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno». Entre ellos el adelanto en los plazos de pago del impuesto de sociedades, con un impacto de 6.000 millones ya este mismo año, y más medidas contra el fraude fiscal para recaudar otro 1.000 millones extra.
«España no es una amenaza para la estabilidad financiera» de la Eurozona, afirma Economía en sus alegaciones, que concluye afirmando que imponer a España una multa (podría llegar a suponer el 2% de su Producto Interior Bruto, algo más de 2.000 millones de euros) «sería dar un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita pues considera que resultaría perjudicial en un momento de creciente incertidumbre y riesgos».
«Sería paradójico asevera- sancionar, en base a la desviación de un solo año, a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria».
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