El Ecofin deja en el aire la prórroga de un año a España para reducir déficit

La Comisión recomendó en mayo dar a España un año adicional para lograr cumplir con el máximo del 3% de déficit público que exigen las normas de disciplina fiscal europeas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), de modo que en 2016 reduzca el desvío al 3,7% y en 2017 al 2,5%.

En las conclusiones aprobadas por el Ecofin este viernes, los ministros mantienen las recomendaciones a España de que lleve a cabo una serie de reformas estructurales, pero la relativa a la concesión del año extra se encuentra entre corchetes, lo que quiere decir que los ministros no han dado su respaldo a la prórroga.

"Tomamos nota de las propuestas de la Comisión, pero hemos decidido posponer el debate de estos elementos hasta que la Comisión publique su propuesta formal bajo el procedimiento por déficit excesivo" a principios de julio, ha explicado el presidente del Eurogrupo y, este semestre, del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem.

La Comisión Europea tendrá que publicar una nueva propuesta de prórroga en julio -para cuando se espera también su veredicto sobre si recomendar multar a España o no por incumplimiento- antes de debatir su pertinencia, explicaron fuentes comunitarias.

Este revés al Ejecutivo comunitario llega después de que los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea -la institución que representa a los países europeos en Bruselas y que acoge el Ecofin- se pronunciara en contra de las bases legales utilizadas por la Comisión para proponer la prórroga.

El Consejo no cuestiona la prórroga en sí, sino la pertinencia de que la Comisión haya dado el paso de proponer la concesión de un año adicional a España para reducir su déficit antes de haber tomado la decisión sobre si multará o no al país por haber incumplido sus compromisos.

El Ecofin también ha buscado lograr un delicado acuerdo en el paquete contra la evasión fiscal corporativa, que trata de atajar las artimañas utilizadas por las grandes multinacionales para eludir el pago de impuestos en la Unión Europea, un paquete para el que es necesario lograr la unanimidad de los Veintiocho.

Las reservas de Bélgica han impedido que se sellara hoy un acuerdo, ya que el país se opone a hacer obligatoria en la Unión Europea una norma sobre limitación de los intereses antes de que se acuerde su aplicación en todos los países de la OCDE.

Sus socios le han propuesto una derogación de esta norma durante cinco años, aunque el Gobierno belga preferiría mantenerlas hasta que se acuerde en la OCDE, algo que el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, rechazó.

Éste explicó que, si de aquí a la medianoche del lunes al martes ningún socio se opone, las normas se aprobarán automáticamente, por lo que de este modo Bélgica cuenta con cierto margen para pensar su posición.

República Checa también planteaba objeciones a las medidas, pero las ha retirado una vez que ha logrado el compromiso de que la Comisión presentará una propuesta legal sobre el cobro revertido del IVA, una cuestión especialmente sensible para el país que en realidad no está relacionada con el paquete anti-evasión.

Construcción de la Unión Bancaria

Los ministros también han dado su visto bueno a una "hoja de ruta" para continuar construyendo la Unión Bancaria de la zona del euro, cuyo tercer pilar, el sistema de garantías de depósitos, no logra aún suscitar el consenso necesario entre los socios.

Ésta establece las prioridades y metas a seguir en los próximos años, hasta 2024, cuando debería estar completada, de manera que se tengan en cuenta la reducción de los riesgos en el sector bancario a la vez que se aumenta la cooperación y se va avanzando hacia la mutualización de riesgos.

El enfrentamiento está encabezado por Italia y otros partidarios del fondo y los países como Alemania que exigen que antes de compartir más riesgos, se tomen más medidas que reduzcan las potenciales complicaciones que puedan surgir del sector bancario europeo, que arrastra problemas como los préstamos morosos.

Además, los diez países europeos que se han comprometido a crear una tasa a las transacciones europeas, entre los que está España, han informado hoy al Ecofin de que han decidido darse de nuevo más tiempo, hasta septiembre, para poner el proyecto en marcha, ante las dudas y dificultades que arrastra.