El juez deja en libertad a Conde pese al criterio en contra de la Fiscalía y de su instancia superior

El exfinanciero y tertuliano, que también probó luego en la política con escasa fortuna, tardó pocas horas en reunir el dinero necesario para cubrir esa cantidad. Aunque no lo hizo en metálico -la mayoría de sus bienes conocidos están embargados-, sino a través de garantías hipotecarias con cargo a inmuebles.

Pedraz ha dado traslado ya a la Fiscalía para que informe si la garantía hipotecaria aportada como aval cubre la fianza de 300.000 euros fijada por el magistrado. Los fiadores de Conde, José Ángel Alonso García y Jaime Francisco Alonso García, aportaron ayer en el juzgado las escrituras de cuatro fincas de las que son propietarios, consintiendo que puedan ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad de Mario Conde. Esas cuatro fincas se encuentran en la isla de Fuerteventura, en el término de Corralejo y según la tasación aportada por los fiadores, su valor alcanza los 610.818 euros. Ahora será la Fiscalía la que valore si esas fincas son o no suficientes, tal y como acredita la tasación aportada por los fiadores. La Fiscalía tambien puede solicitar una tasación oficial de estos inmuebles y con ese informe oficial dar respuesta después al magistrado.

Previsiblemente Pedraz anunciará este miércoles si considera validas las garantías prestadas y da luz verde a la salida de prisión del exbanquero. Ya hizo lo mismo la semana pasada con el abogado de confianza de la familia, Francisco Javier de la Vega, detenido por los mismos hechos (en la llamada 'operación Fénix') y que tuvo que prestar otra fianza de 100.000 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y también de sus superiores en la Audiencia Nacional, los miembros de la Sala de lo Penal. La razón principal que esgrime Pedraz para tan controvertida decisión -la fiscal del caso, Elena Lorente, estudia ahora recurrirla- es la situación "actual" del procedimiento, donde considera que ya "se han practicado aquellas diligencias urgentes para asegurar el curso de la instrucción". Habla en este sentido, "fundamentalmente", de "la ocupación de efectos e instrumentos del delito", así como de "la adopción de medidas cautelares reales".

Medidas de control

Por ello, estima que el hecho de que Conde quede en libertad "no habría de perjudicar" a la propia instrucción de la causa, al tiempo que ahora no deduce que exista "fundado peligro de fuga si se adoptan, además, medidas de control". Y éstas son básicamente cinco, según expone el juez en su breve resolución de apenas un folio de extensión: la propia cuantía de la fianza, comparecencias semanales en el juzgado o bien "en el del domicilio que fije", la prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y, por último, facilitar un teléfono móvil "a fin de estar localizado".

Hasta aquí, a priori, razonamientos normales en cualquier auto de libertad, más allá de su reducida medida. Lo llamativo en este caso es que no entra a valorar las otras referencias, tan "razonadas" como "razonables" decía la Sala de lo Penal hace tan solo un mes, a que la libertad del exbanquero pueda terminar perjudicando, o incluso frustrando, la instrucción de la causa.

Esos magistrados, en un auto conocido el pasado 13 de mayo donde respaldaban el criterio anterior del instructor, aludían entre otras cosas a la "gran movilidad geográfica" de Conde, sobre todo entre España e Italia, donde se sospecha que creó un grupo de sociedades a través de testaferros para ocultar parte de sus fondos mientras cumplía condena por el 'caso Banesto', donde todavía queda por cubrir una responsabilidad civil de 14,1 millones de euros. Pese a ello, y a ser además el segundo mayor deudor a Hacienda (entre las personas físicas) con otros 14 millones, el exfinanciero mantenía "un altísimo nivel de vida", que incluía gastos abultados en grandes almacenes, el mantenimiento de un yate, ser socio de un club de golf de lujo y contar con un servicio doméstico compuesto por "cocineros, jardineros y conductores".

Y todo esto, según resaltan los agentes que investigan el caso, declarando oficialmente al fisco unos ingresos "un tanto exiguos". Por eso, desde la Sala de lo Penal se destacaba la "tenencia de medios económicos -en su domicilio se intervinieron 40.400 euros en un maletín y otros 91.000 en casa del abogado De la Vega-, técnicos y humanos" a disposición del exbanquero como otro elemento de riesgo. E incidían, además, en que "su pasado penal acredita un riesgo agravado" que debería impedir su libertad provisional.