AENA y las aerolíneas vuelven a chocar por las tasas aeroportuarias

Frente a ello, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) insiste en su tesis de que tras años de subidas durante la crisis ahora toca bajar, y no solo mantenerlas más o menos en sus niveles actuales. Las tasas, esgrimen, suponen de media casi el 15% de los costes totales de las aerolíneas de red, y hasta el 30% para las compañías que vuelan de punto a punto en Europa.

Por eso, desde esta patronal reclaman un ajuste anual de hasta el 2,6% para los próximos cinco años. En realidad, es prácticamente la misma postura que ambas partes ya mantuvieron en los últimos meses del año pasado cuando tocaba fijar las tarifas de 2016, y que obligó a intervenir al Gobierno para apaciguar los ánimos, dando esa vez la razón en buena medida a las aerolíneas.

En esta ocasión, sin embargo, se trata de una previsión quinquenal, por lo tanto, de mayor importancia al establecer el marco tarifario para un entorno en el que no se tiene muy claro cómo evolucionará la economía y, sobre todo, tampoco está claro cuál será el panorama político nacional. Las cifras están incluidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el plan que sentará las bases para el uso de los aeródromos y que está previsto sea aprobado por el Ejecutivo antes del 30 de septiembre.

Se trata de un plazo, a priori, amplio. Sin embargo, podría terminar quedándose incluso corto si finalmente hay que repetir las elecciones generales, pues no habría nuevo Gobierno hasta finales de julio o principios de agosto y su primera tarea sería precisamente elaborar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017.

En la reseña enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -AENA está obligada a ello al cotizar en Bolsa desde hace un año-, la empresa aeroportuaria destaca que su propuesta de congelación parte precisamente de un cambio normativo introducido a finales de 2014. En aquel texto (una disposición adicional de la Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia), el Gobierno establecía las líneas generales por las que iba a regirse el referido DORA y que, entre otras cosas, establecían un nivel máximo de inversión media anual en los aeropuertos cifrado en 450 millones de euros.

Garantizar la sostenibilidad

También se decía en aquel documento que si los cambios normativos, nacionales o internacionales, forzaran a incrementar ese volumen de inversiones, el Consejo de Ministros podía autorizar una subida de los ingresos máximos previstos, aunque solo con carácter excepcional. Por todo ello, los directivos de AENA estiman ahora que su última propuesta tarifaria es coherente y razonable, a la par que garantiza la sostenibilidad del sistema aeroportuario español a largo plazo.

El escenario que ha dibujado el gestor aeroportuario prevé un crecimiento del 6,2% en el tráfico aéreo este año hasta los 220,3 millones de pasajeros. La tendencia se mantendrá en los próximos ejercicios con un aumento mínimo del 2%, de modo que en 2021 se rondarían los 240,4 millones de usuarios. De la misma manera, también se prevé un incremento de los gastos de explotación, que se elevarán en 60 millones desde los 1.816 millones estimados para 2016 hasta los 1.876 millones que se esperan para dentro de cinco años.

Frente a estos números, desde la patronal de las aerolíneas españolas esgrimen que desde 2010 las tasas aeroportuarias se han encarecido un 67%, y ello una vez descontado el descenso del 1,9% previsto para el presente ejercicio. Además, critican que conforme a sus cuentas en los casos de los dos mayores aeropuertos, Madrid y Barcelona, dicho aumento se haya disparado en el mismo período un 111% y un 106%, respectivamente. Igualmente, en ACETA lamentan que la Comisión Europea haya terminado desistiendo de su propuesta de dejar en manos del mercado la regulación de las tarifas.