Amparo Estrada
Lunes, 15 de febrero 2016, 13:39
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha marcado como prioridad perseguir los cárteles que manipulan las licitaciones públicas. Se trata de acuerdos entre competidores que acuden a los concursos de las administración del Estado para la asignación de contratos públicos. ... Competencia reconoce que estos acuerdos son gravemente perjudiciales para los ciudadanos porque las empresas cobran por ese contrato una cantidad más elevada que la que hubiera resultado de haberse celebrado la puja sin acuerdos previos. En 2015 se creó un grupo de trabajo para estudiar métodos de detección de estas pujas fraudulentas e impartió cursos a las administraciones para que aprendieran a descubrir estas actuaciones de cárteles. "Hay un gran desconocimiento por parte de las administraciones en este tema", señaló el director de competencia de la CNMC, Eduardo Prieto. En unos momentos en que se están investigando en los tribunales grandes redes de corrupción ligadas a contratos públicos, la detección de acuerdos para elevar fraudulentamente el precio de los contratos públicos es otra cara de la moneda.
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La CNMC impuso sanciones récord en 2015, ya que el total de multas ascendió a 549 millones de euros, de los que el 90% (506 millones) correspondieron a sanciones a cárteles, formados para fijar precios, repartirse el mercado o intercambiar información sensible. Más de 250 empresas fueron sancionadas por este motivo, entre las que se encuentran muchos de los fabricantes de automóviles (se les impuso una multa de 131 millones), concesionarios de automóviles de Seat/Audi7VW, Toyota,Land Rover, Hyundai y Opel (53 millones), industrias lácteas por actuaciones restrictivas en la compra de leche cruda a pequeñas explotaciones ganaderas (88 millones), las grandes petroleras Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp fueron multadas con 32 millones por acordar precios y reparto de clientes o el cártel de construcciones modulares para barracones de colegios (18 millones de sanción).
En un desayuno organizado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (apie), el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, fue muy crítico con algunas de las actuaciones del Gobierno y subrayó qu eCompetencia no necesita el apoyo del Gobierno: "No necesito que el Gobierno me acompañe a ningún sitio, con que no nos estorbe tenemos bastante", afirmó para a continuación resaltar que la CNMC "no forma parte" del Ejecutivo y sólo tiene que rendir cuentas antes el Parlamento. en concreto, Marín Quemada lamentó la existencia de un duopolio en el sector audiovisual, formado por AtresMedia y Mediaset, y resaltó que es producto de autorizaciones de concentración concedidas en Consejo de Ministros. "Preferiría desde una posición personal que ese duopolio no existiera", declaró. También se mostró partidario de que la normativa permitiera a Competencia fijar las tarifas de navegación aérea que cobra Aena -como hizo durante el periodo de privatización-. En la actualidad, la CNMC emite simplemente una recomendación y es el Gobierno el que decide (el Estado es el accionista mayoritario de Aena).
Asimismo, criticó a algunas comunidades autónoma,s como Madrid, que están imponiendo regulaciones "que no nos parecen razonables" en los alquileres turísticos. "La economía colaborativa requiere de realismo y apertura de mente", subrayó Marín.
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