La Ley de Desindexación torna en papel mojado por falta de reglamento

El pasado 1 de abril fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), iniciando así una andadura que debía llevarla a desplegar todos sus efectos a partir del 1 de enero de 2016 una vez concluido el desarrollo reglamentario correspondiente, incluidos los períodos de carencia necesarios para la adaptación de los sectores económicos afectados. Sin embargo, más de un mes después de esa fecha ni está, ni tampoco se la espera.

Fuentes ministeriales reconocen que Economía, Hacienda e Industria los tres principales departamentos implicados en la comisión que debía asegurar la puesta en marcha de la ley no han alcanzado un acuerdo para redactar el real decreto que debía contener el reglamento de la Ley de Desindexación. Ha habido varios borradores, pero todos sin consenso.

Sin ese texto complementario, resulta imposible concretar los índices o referencias exactas que se considerarían a partir de ahora para actualizar rentas y servicios, fundamentalmente aquellos donde intervenga la Administración. Uno de los ejemplos que ponía el Ministerio de Economía eran los precios de los contratos de obras públicas, que dejarían de revalorizarse según el IPC para tener en cuenta de forma directa la evolución de los elementos que afectan directamente a su coste como el precio de las materias primas que se utilizan en su construcción o la mano de obra.

Este último punto también sirve de ejemplo para mostrar que la falta de acuerdo sobre el reglamento de la ley ha traspasado las fronteras gubernamentales. Así, desde el Consejo Económico y Social (CES), donde están representados patronal, sindicatos y consumidores, se ha criticado que se quiera vincular el coste de esa mano de obra privada con la subida que pudiera darse en la retribución de los empleados públicos, al considerar que los fundamentos de ambos son bastante distintos.

Desde el CES también alertan de que si no se acierta con un reglamento no restrictivo, se pondrían en riesgo bastantes proyectos de inversión. Otro de los ámbitos pendientes de ese decreto es el de las concesiones, entre ellas las autopistas de peaje.

Y en el Gobierno, mientras, reconocen que la tramitación del texto está parada sine die, pese a que en teoría también afectaría a los precios energéticos. Tampoco la oposición está por la labor de aplicar la controvertida desindexación y prefiere seguir guiándose por la inflación.

Pensiones e impuestos, fuera

Según el enunciado de la ley, ésta iba a repercutir sobre el precio los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y los precios de los contratos públicos. Sin embargo, no afectaría a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial.

La norma ya aprobada por el Parlamento y publicada hace 10 meses establece que cuando los precios públicos suban se hará de acuerdo con el incremento de los costes del servicio, ya que la revisión según la inflación conlleva una serie de inercias al sector privado que provocan los conocidos como "efectos de segunda ronda", tal y como argumenta Economía.

Frente al IPC, el Ejecutivo ha ideado otra referencia denominada Índice de Garantía de Competitividad. Tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro. En sus oscilaciones habría un tope del 2% (el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) y un suelo del 0%.

La pretensión gubernamental era que el uso de este nuevo índice se extendiera al ámbito privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Allí, no obstante, las actualizaciones quedarían sometidas a la libre voluntad de las partes; eso sí, en el caso de que no especificara nada concreto la referencia a aplicar sería ya el nuevo indicador ideado por Economía y no el habitual IPC.

Según datos del departamento que dirige Luis de Guindos, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.