El coste público de los residuos nucleares se dispara por el retraso del cementerio central

Por ahora, existen ATI en las plantas de Trillo (Guadalajara), Ascó (Tarragona) y José Cabrera (en desmantelamiento). Sin embargo, a finales de octubre, Garoña (Burgos) recibió la autorización por parte del Ministerio de Industria para construir su cementerio temporal. Y a principios de noviembre, Almaraz (Cáceres) sometía a información pública en el BOE su proyecto. Sólo quedarían por construir otros dos: Cofrentes (Valencia) y Vandellós (Tarragona). Y si continúa aumentando el nivel de ocupación de sus piscinas, donde por ahora dejan ese material reposar, también se plantean la construcción de sus propios silos. La saturación supera en muchos casos el 90% de su capacidad y se prevé que a partir de 2020 no tengan espacio.

Al final, se trata de unas inversiones superpuestas derivadas del retraso del silo centralizado. El Plan de Residuos Radiactivos en vigor desde 2006 ya advertía de que en el caso de que el ATC se retrasase "tendrían que desarrollarse soluciones alternativas con el consiguiente encarecimiento del sistema global de gestión". Por ahora, se están cumpliendo los peores pronósticos desde el punto de vista económico. En principio, son las empresas propietarias de las centrales -compañías eléctricas en todos los casos- las responsables de realizar la tramitación. La regulación indica que son las centrales nucleares las que pagan la totalidad de los gastos de gestión de sus residuos y el desmantelamiento futuro de las centrales. Pero, a la vez, al construir un ATI, Enresa "participa a través de un acuerdo" en esa operación, indican fuentes de la sociedad pública. Y en ese pacto, se fija cómo se "comparten los costes", según lo que marca la ley. La inversión en estos silos temporales podría alcanzar, en cada central, hasta 25 millones de euros.

La norma dice que desde el 1 de enero de 2010, el Fondo de Residuos Radiactivos se financia al 100% con las aportaciones de las centrales y otras instalaciones similares, como la fábrica de combustibles de Juzbado (Salamanca). Antes, una parte del fondo también se sufragaba a través de la factura eléctrica que pagaban los consumidores. Ahora ya no, pero al fondo le falta por amortizar todavía una buena parte de ese dinero de los recibos que no les ha sido suministrado. Las previsiones indican que sería en 2028 cuando se termine de liquidar. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, explica que "tres cuartas partes de ese dinero proceden de lo que se pagó por la tarifa eléctrica hasta el año 2005". Además, el Tribunal de Cuentas indicó antes del verano que la falta de actualización del canon que las sociedades propietarias de las centrales deben pagar a Enresa habría provocado un agujero de 1.500 millones al fondo. Una cuestión que todavía no se ha solucionado y que previsiblemente tenga que asumir el próximo Gobierno.

Enresa sostiene que el almacén central es la mejor opción por motivos "de seguridad, técnicos, estratégicos y económicos" frente a los ATI. Y calculan que la solución de los cementerios en cada central "es de dos a tres veces más cara". También desde Foro Nuclear -la patronal del sector- indican que "el ATC permitirá almacenar todo el combustible gastado y los residuos de alta actividad permaneciendo en un solo lugar y con una gestión única".

La proliferación de estos pequeños cementerios nucleares dispersos por toda la geografía es mucho más rápida que la propia instalación centralizada de Cuenca. "Tienen un procedimiento más ágil", reconocen fuentes del sector. De hecho, es la opción por la que están resolviendo las centrales la acumulación de residuos en sus instalaciones. Los ATI se diseñan como una modificación de la central, que ha de ser aprobada por Industria, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la correspondiente declaración de impacto ambiental. Mientras el propio CSN e Industria están a la espera de pronunciarse sobre el cementerio de Cuenca, tras la barrera interpuesta por el gobierno de Castilla La Mancha.