El 85% de las facturas electrónicas con la administración son inferiores a 5.000 euros

La mayor parte de las facturas presentadas por los proveedores a 31 de octubre eran referidas a las corporaciones locales (51,6%) con un importe total de 8.900 millones. Le siguen las comunidades autónomas con el 36,7% de las facturas pero con una cuantía superior de 9.000 millones. La administración general del Estado acumula 456.432 facturas por un importe de 5.530 millones. Por último, las universidades también suman 69.242 recibos por valor de 419 millones.

Hacienda siempre ha defendido que el objetivo de esta ley era lograr una mayor transparencia, ahorrar costes a las empresas y reducir la morosidad en la administración. En este sentido, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro recordaron que los proveedores pueden consultar en qué punto se encuentra su factura a través de la web.

Asimismo, según el Gobierno el ahorro que supone la factura electrónica frente a la tradicional de papel es de 0,75 céntimos para el proveedor por cada emisión, lo que equivale a 3,45 millones de euros en lo que va de año. Por su parte, la administración logra un ahorro de 2,78 euros por factura, es decir, 13 millones de euros en los primeros diez meses de funcionamiento.

Sector privado

La comunidad que más facturas aporta al FACe es Madrid (578.000), seguida de Murcia (146.000) y Baleares (118.917). Estas tres administraciones junto a Aragón, Andalucia y Navarra sólo tienen como punto de entrada el FACe. Sin embargo, el resto de autonomías adheridas cuentan también con un sistema propio, de manera que es el proveedor el que decide si presentar la factura en el registro estatal o en el regional. Esta opción es la que explica que Cataluña, que por PIB debería presentar más facturas, apenas registre en FACe 27.491 recibos.

Pero la ambición del Gobierno es ir más allá del sector público. Queremos que este modelo se extienda en las relaciones entre empresas privadas, aseguran fuentes de Hacienda. Aunque de momento no hay planteado ningún cambio normativo ni siquiera para después de las elecciones, el buen funcionamiento del registro convierte en un objetivo que el sistema de facturación electrónica automática rija también en el sector privado, lo que, según las mismas fuentes, permitiría un ahorro a las empresas.