La justicia presiona con nuevas imputaciones a Rodrigo Rato, que declarará el martes

Son ya nueve los imputados en el procedimiento abierto a mediados de abril para esclarecer si Rato ocultó ingresos millonarios al fisco, presunción que se ha ido reforzando con el paso de las semanas a la luz de los datos descubiertos. A la lista de acusados, en principio por delitos de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, se sumaron este viernes dos personas del círculo más estrecho del exdirigente del PP.

La primera es Teresa Arellano, secretaria de toda la vida de Rato (más de 30 años). Su relación ha sido tan estrecha que, además de estar con él en el Ministerio de Economía, le acompañó al FMI cuando fue nombrado director gerente (2004). Incluso despachaba asuntos en su nombre, sobre todo en su etapa al frente de Caja Madrid y Bankia (2010-2012).

El expolítico llegó a nombrarla administradora única de siete sociedades aparentemente instrumentales. Una de ellas tiene una relevancia singular:_Kradonara, pieza clave de su entramado y que según la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) recibió 6,5 millones de euros entre 2006 y 2014 (con Rato aún en el FMI),_"sin que conste que se haya tributado por tales rentas" que procedían de Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo.

El segundo es Miguel Ángel Montero, que aparentemente tenía un doble papel para la familia Rato desde hace décadas: de un lado, gestor de confianza; por otro, testaferro. Ha aparecido como administrador único de hasta 35 sociedades y su papel es especialmente relevante para el caso con la firma Cor Comunicación, que según la ONIF ingresó entre 2008 y 2013 un total de 25,9 millones de euros por intermediar en la contratación de espacios publicitarios para grandes empresas nacionales como Endesa, el Banco Santander o Caixabank. En Hacienda llama la atención que Rato tratará de ocultar que era el dueño real de la misma.

Medidas cautelares

Arellano y Montero fueron detenidos el miércoles por agentes de la UCI y este viernes pasaron a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Tras tomarles declaración durante casi tres horas, el magistrado Antonio Serrano-Artal les dejó en libertad pero con la obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial y no viajar al extranjero sin autorización previa.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, sus respuestas fueron algo evasivas y poco concretas, aunque sí mantuvieron que actuaron como administradores por "encargo personal" de Rato. Dado que a través de las sociedades en las que aparecían se pudieron cometer varios delitos fiscales en favor del exministro Hacienda le acusa de defraudar 3,7 millones entre 2011 y 2013, y el juez cree que tampoco declaró lo que cobró por dar cursos y conferencias, ambos podrían ser imputados más adelante también como partícipes de esos ilícitos (en calidad de cooperadores necesarios o cómplices).

La UCO, muy activa estos días, también interrogó el jueves por la noche a Rodrigo Rato sobre el posible amaño de contratos concedidos por Bankia a favor de determinadas empresas. Le preguntaron en concreto por las adjudicaciones de campañas de imagen al grupo Publicis, que en su etapa (2011-12) multiplicó exponencialmente la facturación con el banco hasta los 56,2 millones.

El empresario mexicano Alberto Portuondo, el único de los imputados que está en prisión, recibió dos millones de Publicis y luego derivó, al menos, 833.000 euros al propio Rato a través de su sociedad Kradonara. Considerado otro testaferro, dijo al juez que le abonaba 40.000 euros mensuales por asesoramientos verbales, pero el expolítico declaró que no tenían relaciones directas (solo a través de su sociedad) y que él no intervino en los contratos concedidos a Publicis.

La competencia, aún en juego

De otro lado, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá que resolver finalmente qué órgano instruye el procedimiento penal abierto contra Rato. El juez del caso Bankia no lo quiere en la Audiencia Nacional, pero el magistrado de Madrid que lo abrió en abril a instancias de la Fiscalía y la ONIF considera que le supera por falta de medios y, sobre todo, de competencia, "tanto orgánica como territorial".

Y es que el instructor actual, Antonio Serrano-Artal, argumenta que "parte de los delitos investigados han ocurrido en el extranjero", en especial el blanqueo de capitales. Advierte, además, que de no asumir la competencia la Audiencia Nacional podría derivarse la impunidad de los supuestamente responsables de ese aparente lavado de dinero en otros países, dado que dicho órgano cuenta con las atribuciones especiales para recabar la colaboración de los juzgados de otros Estados.