La Audiencia Nacional investigará el 'caso Rato' por los indicios de blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, sostiene que ambas causas «no guardan conexión», al menos directa, aunque si quiere que las dos estén en la Audiencia Nacional, criterio que comparte el juez. Porque indirecta sí podría existir en la medida que Rodrigo Rato habría realizado según Hacienda «presuntas operaciones de despatrimonialización» en los últimos años tras su imputación por la salida a Bolsa de Bankia, primero, y después por el despilfarro con tarjetas del banco y de Caja Madrid.

Esos movimientos «se vienen produciendo con mucha intensidad en 2014 y 2015» , sostiene la Agencia Tributaria para justificar las pesquisas que inició el año pasado. En ese período se le han impuesto hasta tres fianzas civiles, pero de momento se ha descartado la posibilidad de un alzamiento de bienes. En abril, las indagaciones previas se tradujeron en una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Luego el tema se judicializó para acabar en un juzgado de instrucción ordinario -previos registros en varios inmuebles de Rato donde se ha incautaron más de 40.000 hojas y archivos informáticos- porque aún no se veía clara la competencia de la Audiencia Nacional.

Pero en los apenas cuatro meses transcurridos el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, no ha avanzado casi nada, quizás porque la inhibición del caso que ha hecho ahora ya la intentó sin suerte entonces. En este tiempo se ha limitado a ordenar el bloqueo de las cuentas y otros productos financieros de Rato, amén de alertar en el Registro de la Propiedad de que sus bienes están bajo investigación judicial, todo a petición de la Fiscalía. Y para recuperar su control le impuso una fianza de 18 millones que el encausado el instructor tampoco llegó a imputarle formalmente delito alguno- no ha podido sufragar todavía.

Apenas ha pedido unos pocos datos más y no ha ordenado comisión rogatoria alguna, pese a que Rato tiene (o ha tenido) «por sí mismo o través de sociedades un elevado tráfico financiero» con paraísos fiscales, como alertaba Hacienda. Esta labor corresponderá ahora al nuevo juez que asuma la instrucción, puesto que una copia de la causa ya ha ido camino de la Audiencia Nacional.

Corrupción y fraude fiscal

Y es que según fuentes judiciales «ahora sí se dan los requisitos» para que la competencia recaiga en la Audiencia, al haberse «aquilatado indiciariamente la posible comisión de un delito en el extranjero» por un ciudadano español, una de sus atribuciones directas. La Fiscalía, impulsora de este cambio, habla de un presunto blanqueo de capitales cuyo origen estaría en sendos delitos de corrupción entre particulares y fraude fiscal.

La pista la ha confirmado la ONIF_tras hallar nuevos datos sobre las inversiones de Rato en Alemania vía Gibraltar. La siguiente palabra, no obstante, corresponderá a la Audiencia Provincial si el expolítico metido a financiero -dirigió el FMI para luego presidir Caja Madrid y Bankia- recurre el cambio de órgano judicial. Y solo en el supuesto improbable de que la Audiencia Nacional no lo asumiera, se abriría un conflicto de competencia que tendría que resolver el Tribunal Supremo.

La clave son las inversiones de Rato mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín. Construirlo costó 16 millones de euros, aunque su contrato de arrendamiento a un tercero primero la cadena Husa y luego el grupo Catalonia- asciende a 22,6 millones. Tiene una duración de 15 años y finaliza en 2027. a razón de 1,5 millones de alquiler anual, según fuentes del caso.

Rato controlaría el 22% de Bagerpleta -su socio es el empresario catalán José Manuel Sola- mediante «una estructura societaria opaca», según Hacienda, cuyo vértice es la firma instrumental Kradonara 2001, de la que él mismo es administrador único y antes lo era su secretaria de confianza. Es uno de los principales brazos societarios que controla a través de Vivaway, una firma domiciliada en Gibraltar y que según los investigadores sería la puerta de entrada a su patrimonio real, ya que por ella han pasado relevantes sumas en divisas con origen en paraísos fiscales.