La Autoridad Fiscal abre la puerta a un déficit a la carta en 2016 para cinco autonomías

En concreto, el documento contempla flexibilizar la senda de estas cinco comunidades a cambio de que se comprometan a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018 como está previsto en el plan de estabilidad enviado a Bruselas. Por tanto, esa asimetría sería aplicable a 2016 y 2017. De hecho, el informe mantiene el objetivo de déficit global de las comunidades autónomas en el 0,3% para 2016 porque se considera exigente pero plausible.

Y es que el organismo cree que nueve regiones que este año cumplirán con el 0,7% o se quedarán muy cerca podrán alcanzar casi un superávit en 2016 o, al menos, la estabilidad presupuestaria, gracias al aumento de los ingresos por las transferencias y la liquidación favorable de 2014 -Rajoy anunció un aumento de 7.000 millones en la financiación de las comunidades para el próximo ejercicio-.

Estas mayores transferencias -sólo en 2013 la liquidación aportó 1.775 millones extra y en 2014 se estima superior- podría suponer para algunas comunidades casi un punto de su PIB, lo que manteniendo el nivel de gasto les permitiría cumplir holgadamente con el objetivo y compensar el mayor margen de las más rezagadas. En estas circunstancias se encontrarían Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja y, en menor medida, Asturias y Madrid.

En realidad es sistema funcionaría como han estado haciendo hasta ahora los ayuntamientos, cuyo superávit ha permitido compensar los continuados desfases de las comunidades. En 2014, por ejemplo, las comunidades cerraron en el 1,66% frente a un objetivo del 1%. Sólo cuatro (Navarra, Galicia, Canarias y el País Vasco) no sobrepasaron el límite. Sin embargo, el superávit de las corporaciones locales un 0,5% corrigió el desvió total.

El organismo dirigido por José Luis Escrivá ya ha reiterado en sus últimos documentos la imposibilidad de que algunas comunidades cumplan con la senda actual. De hecho, este lunes mismo la Autoridad Fiscal emitió su informe sobre el Plan Económico Financiero (PEF) de Murcia en el que estimó que esta comunidad cerrará 2015 con un déficit del 2,5% frente a un objetivo del 0,7%. Es decir, más de tres veces el límite previsto. De hecho, apenas si reduce el desfase tres décimas respecto al 2,8% de 2014 (en ese ejercicio el objetivo fue del 1%). Con esta desviación tan contundente la AIReF ve «poco probable» que Murcia cumpla con el 0,3% en 2016. Algo similar pasa con Cataluña, ya que la AIReF prevé que cierre el año en el 2%. Al igual que la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares.

Rechazo de Hacienda

Con la defensa de un déficit individualizado, la AIReF se enfrenta al criterio defendido por el Ministerio de Hacienda, que hasta ahora se ha negado a aceptar un déficit asimétrico. Algo que sí hizo en 2013, cuando el departamento que dirige Cristóbal Montoro aceptó un déficit a la carta en la que cinco comunidades (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón y Andalucía) pudieron superar el objetivo global del 1,3%.

Sin embargo, desde Hacienda defienden que lo ocurrido en aquel año fue «excepcional» y rechazan un nuevo reparto asimétrico del déficit. De hecho, en el anterior Consejo de Política Fiscal la mayoría de comunidades, hasta nueve, se opusieron a la senda de estabilidad fijada por el Ejecutivo. Incluso Castilla y León, con un gobierno popular, se abstuvo. Montoro tuvo que recurrir al voto de calidad que le permite el reglamento para sacar adelante sus objetivos.

En aquella reunión las comunidades pedían flexibilizar el déficit global y que se realizara un reparto de los objetivos más equilibrado con la administración central. A juicio de la mayoría de las comunidades es a ellas a las que se les exige asumir la mayor parte del esfuerzo de reducción del déficit. Una afirmación que Montoro ha rechazado en las últimas semanas.

De hecho, en Hacienda no quieren oír ni hablar de déficit a la carta. Consideran que si se flexibiliza el déficit las comunidades autónomas pueden relajar su disciplina presupuestaria. Además, provocaría una nueva batalla política entre comunidades cumplidoras e incumplidoras que el Ejecutivo quiere evitar a pocos meses de las elecciones generales. Sin embargo, es evidente que la propuesta de la AIReF reforzará a los partidarios de flexibilizar la senda de estabilidad.