Luz verde a la polémica reforma del sector de la auditoría

El PP recurrió a su mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado -que aprobó este jueves el texto en el Pleno sin mover una coma y dio por finalizado su viaje parlamentario- para no aceptar más cambios que los suyos, y con ello acelerar la aprobación de la ley. Su principal argumento es la relativa urgencia en transponer la directiva y el reglamento europeos de auditoría, aunque había tiempo para ello hasta junio de 2016.

La nueva regulación establece la rotación forzosa de auditoras a partir de los 10 años de trabajo con una empresa, lo que obligará a que el próximo ejercicio la mitad de las grandes compañías cotizadas en concreto, 17 de las 35 que fluctúan en el índice selectivo Ibex tengan que cambiar la firma que revisa anualmente su contabilidad. Sólo se prevén prórrogas extraordinarias para los contratos de mayor antigüedad.

La principal pretensión comunitaria es abrir un sector «excesivamente concentrado», donde más de la mitad del mercado lo copan cuatro grandes multinacionales, las «Big Four»: Deloitte, PwC, KPMG y EY. Pero en España el Ejecutivo ha intentado ir un paso más allá, extendiendo a más sociedades la obligación de auditar sus cuentas e introduciendo 11 nuevas incompatibilidades en los servicios que les prestan. Así quiere reducir al mínimo el riesgo de que se reproduzcan casos de irregularidades contables como pasó en Pescanova, Bankia o Gowex.

En las Entidades de Interés Público -cotizadas, bancos, aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca la duración mínima de un contrato será de un año y la máxima de 10, con prórroga de otros cuatro si se saca a concurso para compartir esa labor (coauditoría) con otra firma, normalmente más pequeña como ya ocurre en otros países.

Sin embargo, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prefiere contratos sin extensiones. A su juicio, que una misma auditora pueda revisar las cuentas de una empresa (sobre todo, en las cotizadas y de mayor facturación) hasta 14 años seguidos conlleva «efectos anticompetitivos que debieran evitarse». «Tiende a consolidar al operador incumbente -advierte- dificultando la presencia de posibles competidores, además de suponer un incentivo a la coordinación para contratar conjuntamente».

«Riesgo de captura»

Analizando la antigüedad de los contratos de las empresas del Ibex, «el riesgo de captura del auditor por la compañía auditada» -del que alertan desde Competencia- parece cierto. En la mitad de los casos, tienen más de 10 años de vigencia, y una quincena se firmaron hace más de tres lustros. El más veterano es, de largo, el de Banco Popular con PwC, pues ya va para 34 años. Le siguen OHL y FCC, que llevan 27 y 26 años, respectivamente, con Deloitte.

En el extremo contrario se sitúan Gamesa y Mapfre, que apenas llevan un año con EY y KPMG, respectivamente, o dos en el caso de Bankia, BME, Red Eléctrica e Inditex. Y justo en la frontera de los 10 años de contrato se sitúan Telefónica e Iberdrola, a las que revisa sus cuentas EY por 35 millones de euros.

La nueva ley establece precisamente que las empresas que llevan un decenio o menos con la misma auditora tendrán que cambiarla a la finalización del ejercicio en curso, en este caso 2016 dado que será cuando entre en vigor la norma. Eso supone que la mitad de las compañías del Ibex (17) deberán, en el mejor de los casos para las afectadas, buscarse un segundo auditor o, en su defecto, contratar uno nuevo. El Banco Santander ya se ha adelantado a esos cambios fichando a PwC para el próximo trienio 2016-2018, siendo el actual ejercicio el último que es revisado por Deloitte.

Sin embargo, el Ministerio de Economía sí ha permitido que los contratos más antiguos tarden un tiempo más que prudencial en adaptarse a la nueva situación: hasta 2020 en aquellas empresas que lleven más de 20 años con la misma auditora, e incluso 2023 para las que no hayan cambiado de revisor contable en los últimos de 11 a 20 años.

Estas excepciones, sobre el papel, perjudican más a EY -que audita a nueve empresas del Ibex- y, en menor medida a Deloitte -la que tiene más contratos (16), aunque en general más antiguos-, por la duración de sus compromisos actuales. De ahí la influencia que ambos han intentado ejercer ante el Ejecutivo, aunque sin éxito.