El vía crucis judicial de Díaz Ferrán se pone cuesta arriba

Fruto de la que se denominó operación Crucero, Díaz Ferrán ingresó dos días más tarde en la prisión madrileña de Soto del Real, de la que solo ha salido desde entonces cuando ha tenido que declarar en las distintas causas abiertas contra él. En la más reciente está acusado de apropiación indebida y malversación a raíz de la adquisición en 2001 de Aerolíneas Argentinas, en la que se habría quedado junto a su exsocio Antonio Mata con 453 millones de dólares de capital público (unos 418 millones de euros) que la SEPI facilitó para reflotar la compañía.

Pero ese caso apenas acaba de empezar a investigarse. El que sí será sentenciado este verano es el de Viajes Marsans en 2013 el exempresario ya fue declarado culpable de la quiebra dolosa del grupo y condenado a pagar una indemnización de 425 millones, donde se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel, de las más graves que pesan sobre su cabeza junto a los hasta 21 años de prisión que piden las acusaciones particulares que representan a varias compañías turísticas acreedoras como Orizonia, AC Hoteles y Meliá, que también reclaman una indemnización de 413 millones. La vista oral comienza este jueves con el debate de las cuestiones previas.

La Fiscalía Anticorrupción le acusa por delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Y es que para el juez que instruyó el caso hasta 11 personas formaron parte de una misma «banda» resuelta a saltarse la ley en perjuicio de Marsans. Entre ellas figuran un hijo del exlíder de la patronal (Gerardo Díaz de Santamaría) y varias personas del entorno del entorno de Ángel de Cabo, conocido como el liquidador de empresas y para el que se piden ocho años de cárcel, incluidas su mano derecha (Iván Losada) y su esposa (Consuelo Garrido).

Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual (fallecido en 2012) estaban al frente de esa organización junto a De Cabo en libertad provisional desde 2014 tras abonar una fianza de 300.000 euros-, que luego intentaría hacer lo mismo con la familia Ruiz-Mateos y el grupo Nueva Rumasa. Su fin era «ocultar de forma apresurada»_todos los bienes del emporio turístico y los de ambos empresarios para no pagar las importantes deudas que arrastraban, «con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia». Según lo pactado, el liquidador debía pagar hasta ocho millones a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales. Ambos llegaron a recibir cerca de dos millones, en conjunto, hasta que la Policía descubrió todo el montaje.

Buscando un acuerdo

Según fuentes jurídicas, los acusados han apurado en las últimas horas la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad antes del inicio del juicio, que les permitiría reducir las penas previstas a cambio de asumir su culpabilidad. Sin embargo, el pacto se antoja a priori bastante problemático. De un lado, es necesario que lo suscriban, al menos, 15 de las 25 acusaciones personadas, incluyendo la propia Fiscalía. Por otro, haría falta que cubrieran las responsabilidades civiles que les exigen, algo complicado porque hasta ahora han jugado la baza de una supuesta insolvencia. Por eso, por ejemplo, no abonó a Hacienda la multa de 100 millones por Aerolíneas Argentinas.

El propio Díaz Ferrán, que sigue en prisión en parte porque no pudo abonar una fianza de cinco millones, llegó a solicitar un abogado de oficio bajo el argumento de que carecía de fondos al no poder acceder a sus bienes. El motivo es que la mayoría están embargados por la justicia. De esa lista forman parte una veintena de casas, solares y plazas de garajes en varias ciudades entre otros, tiene un piso en Nueva York, amén de su costoso chalé de Madrid tasado en 1,2 millones y su mansión de Mallorca, ya vendida por 7,1 millones-, distintos vehículos de lujo, un yate -adjudicado en subasta por 1,2 millones-, varias gasolineras e incluso un castillo en Toledo.

Claro que el expresidente del CEOE alega ahora que si pudiera recuperar la propiedad de su patrimonio podría pagar parte de lo que se le reclama, aunque su principal baza y, a la vez, menos creíble es la reclamación de 1.600 millones de dólares (unos 1.430 millones de euros) que tienen interpuesta contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas. El pleito civil, cuya resolución no está nada clara, se encuentra en el Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias relativas a Inversiones, que funciona bajo el paraguas del Banco Mundial y Naciones Unidas.