Un cortafuego que ha incendiado la auditoría

El Gobierno, en principio, ha seguido los pasos marcados desde Bruselas, pues la génesis del proyecto de Ley de Auditoría es la trasposición de la directiva y el reglamento europeos del sector, aprobados en junio de 2014 y que deberían haber sido incorporados al ordenamiento jurídico español en dos años, es decir, antes del mismo mes de 2016.

Estos plazos justificarían, a priori, las prisas que se ha dado el Ejecutivo por tramitar el texto, tantas que en el sector se quejan de no haber sido apenas consultados. «No hemos participado realmente en su elaboración», lamentaba hace pocas fechas el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJE) -considerado una especie de patronal del sector y exponente de las grandes empresas-, Mario Alonso. «Nos ha venido dado desde el Ministerio y no está respaldado por los profesionales», añadía.

Desde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) -el regulador de estos supervisores de las cuentas empresariales y dependiente de Economía-, su presidenta, Ana María Martínez-Pina, ha tratado de justificarse: «es cierto que el proceso ha sido rápido, pero no teníamos más remedio». «Hay elecciones a finales de año, las Cortes se cerrarán antes y no podemos retrasarnos ante Europa», se justificaba.

El problema añadido es que el Gobierno ha querido dar una vuelta de tuerca más que la Comisión Europea al sector español, aprovechando algunos fiascos sonados a la hora de analizar las cuentas de bancos luego quebrados o empresas -algunas cotizadas en el MAB- que revelaron agujeros inesperados. «Han existido problemas y queremos evitarlos a futuro», decía el ministro Luis de Guindos en febrero, al tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba este discutido proyecto de ley.

Martínez-Pina ha admitido en varios foros que ese es uno de los grandes objetivos de los cambios, más allá de la pretensión comunitaria de abrir un sector excesivamente concentrado, donde más de la mitad del mercado lo copan cuatro grandes multinacionales, las llamadas 'Big Four': Deloitte, PwC, KPMG y EY. «Queremos que la sociedad se fie más de la información económica que dan las compañías, pero no puedo saber si volveremos a ver otros Pescanova, Bankia o Gowex», reconocía la presidenta del ICAC.

Más incompatibilidades

La normativa española, en realidad, ya era antes más estricta que la europea. Un ejemplo son los llamados servicios prohibidos, introducidos aquí en 1988. Ahora se establecen hasta 11 incompatibles que el auditor no puede prestar ni a la compañía auditada, ni a su matriz ni a sus filiales. Ya no podrán darles servicios como los de contabilidad, asesoría jurídica, gestión de riesgos, diseño de procedimientos, valoración, fiscalidad y, claro, tampoco los de auditoría interna.

Para las organizaciones del sector, la nueva regulación se ha convertido en una «caja negra» de difícil comprensión. El Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respaldan buena parte de sus criticas. Así, también ven «farragoso» y «poco fundamentado» el régimen de independencia que deberán cumplir los auditores -sus familiares directos tampoco podrán realizar esos servicios para las empresas auditadas-, o los requisitos para ejercer.

«Las prohibiciones pueden ser infinitas pero, lejos de solucionar problemas, crearán otros nuevos», se queja Carlos Puig, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA). A su juicio, hay normas suficientes para regular la actividad. «Lo que pasa es que hay que utilizarlas más y, sobre todo, hacerlo bien».

Otra de las quejas de los profesionales -hay más de 20.600 auditores registrados en España, aunque apenas una cuarta parte (4.300) son ejercientes y de ellos poco más de la mitad (2.500) actúan a título individual- es el elevado número de sanciones que, en términos relativos, reciben y que, según ellos, responde a un afán recaudatorio. Según el Instituto de Censores Jurados, el ICAC hizo el año pasado 464 controles; de ellos 133 fueron técnicos y más de un tercio (48) acabaron con multas.

También lamentan la congelación de sus honorarios por la competencia excesiva. En 2010 cobraban una media de 67 euros por hora, el año pasado eran 66,6. La futura ley, además, topa sus ingresos para reducir la dependencia financiera de una misma entidad. Así, el importe que abone por ser revisada no podrá superar durante tres años el 15% del total de la facturación de la auditora.

Con el mismo fin de no perpetuar esos vínculos, se prevé un máximo de 10 años para los contratos. Agotado el plazo, el mismo auditor podrá seguir otros cuatro años, pero sólo si media un concurso y se hace el trabajo junto a otro profesional. Es la coauditoría, que debería abrir el mercado de las grandes empresas.

Las cuatro grandes que se reparten el negocio de la auditorías a las compañías del Ibex-35 tratan de que en la tramitación parlamentaria se extiendan esos plazos -Deloitte, por ejemplo, lleva a 16, y en más de la mitad supera los 10 años-. El PP está dispuesto, bien alargándolos, bien retrasando a 2020 la rotación prevista. Lo que ya ha aceptado es acotar el universo de las entidades de interés público (bancos, aseguradoras, cotizadas) que deben cumplir más requisitos de control, aunque lo hará en un año según actividad y tamaño.