Visto para sentencia el juicio por la quiebra de Fórum Filatélico nueve años después

Aunque estaba previsto que la vista se alargara varios días, finalmente bastaron unas horas al renunciar las defensas a la mayoría de las declaraciones. Quienes sí hablaron fueron los peritos. Los judiciales insistieron en que Fórum infló el precio de sus sellos hasta en 10 veces los más de 4.000 millones de euros en que fueron valorados en su día se redujeron a apenas 400, entre otras cosas porque tenía un exceso de oferta, de manera que era la única vía de mantener una imagen de rentabilidad ante sus clientes.

Por el contrario, los técnicos propuestos por el expresidente Francisco Briones y su equipo insistieron en su tesis de que su actividad era mercantil y no financiera, pese a que la clave de su negocio eran los rendimientos jugosos que ofrecían en las operaciones de compraventa de sellos. Admitieron, no obstante, que sin el dinero procedente de los nuevos clientes no hubiera sido posible afrontar esos pagos, lo que confirmaría la tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre una estructura piramidal.

Aparte de este pleito, hasta 32 personas -la mayoría exdirectivos están procesados en vía penal por un presunto fraude de 3.702 millones de euros, cantidad que ya les fue exigida de forma conjunta en octubre pasado por la Audiencia Nacional en concepto de fianza civil. Según el juez Pablo Ruz, los acusados -encabezados por Briones- «desarrollaron un mecanismo defraudatorio» donde, con el único objetivo de retener el mayor número de clientes, les ofrecían por sus sellos precios de recompra «muy superiores a los que podían conseguir en el mercado filatélico».

Afinsa, un caso idéntico

Ese fue el paso previo a que se dicte auto de apertura de juicio oral contra ellos, lo que ya pasó hace un año con 14 exdirectivos de Afinsa la vista oral se celebrará en noviembre-, también acusados de la quiebra de esta sociedad dedicada igualmente a la compraventa de sellos. Asimismo, el magistrado Santiago Pedraz les consideraba presuntos responsables de una estafa piramidal, en este caso por valor de 1.930 millones de euros que afectaba a 190.000 pequeños inversores.

En ambos casos, los instructores judiciales estimaron que ofrecían a sus clientes/socios una rentabilidad anual varias veces mayor a la de un depósito financiero normal. La labor de captación era tan importante, destacaron, que se montó una red comercial «fuertemente incentivada» e integrada en total más de 6.500 agentes. El problema, concluyeron, es que la propia estructura de las dos empresas era «económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible».