El Parlamento andorrano aprueba la ley que debe permitir una salida al BPA

El proyecto de ley ha contado con el apoyo de buena parte del Consell General, ya que lo han avalado los grupos de Demòcrates per Andorra, Liberals d'Andorra y el Partit Socialdemòcrata "por responsabilidad", mientras que los dos representantes de Socialdemocràcia i Progrés han votado en contra al dudar de la constitucionalidad de esta normativa.

En concreto, estos dos consellers sostienen que el proyecto de ley exime de responsabilidades al gobierno andorrano y a los administradores designados por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF). El proyecto de ley se ha aprobado a toda velocidad, dado que ayer por la tarde el recién nombrado Gobierno de Andorra lo aprobó en un consejo de ministros extraordinario que se celebró pocas horas después de que Antoni Martí fuera investido presidente andorrano.

El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, insistió ayer en que esta ley se ha inspirado en la directiva europea "para enviar un mensaje a la comunidad internacional de que se trabaja bajo el amparo de lo que dice la Unión Europea" y demostrar que el país "tiene la capacidad de encontrar una solución con mucha rapidez". También remarcó que la ley tiene por objetivo mantener la operativa de BPA abierta, aunque admitió "ciertas restricciones", y añadió que la normativa debe servir para proteger "por encima de todo" los depósitos de los clientes.

Respecto a los 30 millones de euros que aportan los otros bancos andorranos, es la cifra total que se debería aportar al fondo en circunstancias normales a lo largo de los próximos diez años. "La ley nace de manera prematura y no parece lógico esperar 10 años a tener el fondo listo cuando el problema lo tenemos ahora", dijo ayer Cinca, en alusión a dicho fondo sufragado por el sector bancario.

Esta ley crea además una Agencia para la Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias (AREB), un organismo que estará formado por cinco personas cualificadas y con experiencia en procesos similares, y que deberá plantear la mejor salida para BPA. Tres las nombrará el Gobierno y, las dos restantes, el supervisor andorrano (el INAF).

El proyecto de ley contempla un amplio abanico de medidas, entre las que destacan las relativas a procesos de reestructuración, pensadas para entidades viables, o las referidas a procesos de resolución, en caso de inviabilidad o interés público. En este sentido, prevé instrumentos como los de venta del negocio; transmisión de activos y pasivos a una entidad puente u otros procesos de recapitalización interna.

Esta normativa debe permitir de esta forma aislar en una especie de 'banco malo' los activos y pasivos contaminados por las prácticas de blanqueo denunciadas por EE UU. "Estos procesos -apunta el texto- legalmente no deben confundirse con los tradicionales procedimientos de cesación de pagos y quiebra, ni necesariamente desembocar en la liquidación de la entidad bancaria".