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José Antonio Bravo
Martes, 24 de marzo 2015, 22:08
Las cuentas siguen sin salirles a los aspirantes a gestionar el primer AVE privado, pese a que el Gobierno está dispuesto a abrir la mano con los cánones (hasta siete distintos) que ADIF, el administrador público de la red (vías y estaciones), cobra anualmente por ... su uso. Según fuentes del sector, en compañías como Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, Globalia, Alsa o Planeta todas ya con la licencia de empresa ferroviaria consideran que haría falta un descuento de entre el 40% y el 50% en dichas tarifas.
El Ministerio de Fomento está dispuesto a rebajarlas un 35% en el pliego para la entrada de un operador privado en el corredor de alta velocidad a Levante, que une Madrid con las principales capitales de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (y, más adelante, Murcia y Almería). A cambio, eso sí, compensaría vía Presupuestos a ADIF, que defiende sus precios porque sufragan los 100.000 euros por kilómetro y vía que le cuesta mantener estas infraestructuras.
Renfe ya lo acusa sobremanera en sus cuentas. En 2014 pagó cerca de 620 millones de euros por ese concepto, un 24% más que en 2013, año en el que a su vez había abonado un 36% más que el ejercicio anterior. La media por kilómetro recorrido está en 12 euros, suma que según las empresas citadas supera con creces las pautas que se manejan a nivel comunitario, extremo que niegan desde ADIF donde, a su vez, alegan que con esos ingresos sólo compensan el 70% de sus costes reales.
Aunque Fomento parece haberse fijado en Italia para cifrar su recorte allí el operador privado NTV_logró un descuento del 35%, en Hacienda siguen de cerca todo el proceso porque ADIF prevé terminar este año con una deuda de 18.673 millones, un 12%_superior a la de 2014. Y cualquier desvío en las cifras podría conllevar una revisión de Eurostat, que a día de hoy permite no computar su pasivo en el déficit si, al menos, el 50% de sus ingresos tienen origen comercial.
La apertura oficial, para finales de año
El calendario que manejan en Fomento sitúa para mayo la publicación del citado pliego en el BOE, una vez sea informado por el Consejo de Estado. Tres meses después se conocerá al operador privado que recibirá el «título habilitante» para competir con Renfe durante un período prorrogable de siete años. La idea, por tanto, es que pudiera estar en funcionamiento para el último trimestre, alquilando el material necesario a la compañía pública.
Las empresas interesadas, no obstante, continúan mostrándose escépticas sobre el resultado final. Por eso, amén de la rebaja de las tarifas que estiman supondrá cerca del 60% de sus costes, plantean otras reivindicaciones: que el canon por plazas de tren y kilómetro se vincule al número de pasajeros como hace AENA con las aerolíneas-, así como que haya algún tipo de compensación si no alcanzan una demanda mínima.
De otro lado, Renfe lanzará este verano un concurso público para adquirir hasta 40 trenes, con una inversión prevista de 1.100 millones de euros, según anunció este martes la ministra de Fomento, Ana Pastor. En realidad, será un contrato marco que garantizará el suministro de las nuevas unidades que incluirán distintos tipos de convoyes, aparte de los destinados a cubrir líneas de AVE- durante un período de 10 años, de modo que la operadora pública podrá programar las entregas según sus necesidades, la demanda de viajeros y la apertura de nuevos corredores de alta velocidad.
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