El bono social deja sin protección a 22.600 consumidores en un año

El bono social se puso en marcha en 2009, cuando la crisis económica comenzaba a afectar a las economías domésticas, que no podían pagar la luz. Consiste en una bonificación del 25% del consumo de energía. Aunque, en el conjunto de la factura, el bono social apenas afecta a un 6% del total, en el mejor de los casos. En 2013, el Gobierno modificó los requisitos para acogerse a esta medida.

Hasta septiembre del año pasado, había aumentado un 36% el número de desempleados que se pueden acoger a esta medida -uno de los grupos con derecho a esta subvención-; también las familias numerosas -otro colectivo beneficiado- habían engrosado estas listas un 15%; al igual que los pensionistas, cuyo crecimiento se situó en el 1,5% con respecto a 2013. Pero ha disminuido drásticamente el número de titulares de luz que se venían beneficiando del anterior bono de 2009 -se han reducido un 6%-; y sobre todo, ya han salido de este sistema un 25% de los consumidores que tenían contratados menos de tres kilovatios de potencia -el máximo legal exigido por el bono- en los últimos cinco años. Se trata de la potencia de energía básica con la que un uso intensivo de aparatos, sobre todo en invierno, impide una utilización continuada de la luz en casa y provoca numerosas interrupciones.

El problema del bono social es que «no todos los supuestos que plantea la ley responden, ni mucho menos, a una situación de vulnerabilidad», explica José Luis López, miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales. Aunque el Gobierno no está dispuesto, por ahora, a modificar la cobertura del bono social, en la Unión Europea ya se están dando los primeros pasos para definir un modelo común de ayudas al abrigo de la unión energética. El comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anticipado que la Unión Europea podría actuar "bien a través de las tarifas eléctricas, como con la implantación de bonos sociales, o bien con apoyos indirectos de los países mediante sus sistemas de protección social".

El caso de España es singular frente a las medidas que se han adoptado en los últimos años en muchos países vecinos con medidas de apoyo a los ciudadanos. Alberto Martín Rivals, socio responsable de Energía de KPMG, recuerda que las directivas europeas "exigen a los Estados que dispongan de mecanismos de protección para los consumidores energéticos más vulnerables, pero no existe una definición homogénea" de este tipo de familias. "Tampoco hay homogeneidad a la hora de establecer ayudas" en la Unión Europea.

Se prohíben los cortes

La medida que más se ha implantado en Europa aún no ha llegado a España: las restricciones al corte en el suministro. Hasta 16 países fijan límites para que las compañías no puedan suspender el uso de la luz a determinadas familias, aun en casos de impago. "En otros nueve países se sufragan los costes energéticos y en ocho se facilitan tarifas especiales", indica Alberto Martín Rivals.

Por ejemplo, también Portugal tiene una tarifa social, como en el caso español, pero con la diferencia de que «aquí no se cruza con ingresos ni con informes de los servicios sociales», explica José Luis López. Es decir, se concede a todos los consumidores con potencia contratada baja, independientemente de sus rentas. También en Portugal, al igual que en Francia, los gobiernos impiden la desconexión de los hogares de la red eléctrica, al menos en los meses más fríos del año. Esta medida también se aplica en Reino Unido y Grecia, aunque sólo en el caso de los consumidores más vulnerables. Austria, uno de los países con más medidas de apoyo, al igual que Alemania, se ha desarrollado un Fondo de Asistencia Eléctrica que evita las desconexiones y los costes de la posterior reconexión. "También se establecen pagos aplazados a interés cero", recuerda José Luis López.

Incluso, en Reino Unido existe la posibilidad legal de que los clientes de luz puedan llegar a acuerdos con las empresas eléctricas. En algunos casos, para que estas adquieran el compromiso de no cortar el suministro a los ciudadanos con más dificultades económicas; y en otros, para gestionar las deudas y ofrecer posibilidades de pago antes de la temida desconexión, en colaboración con las organizaciones sociales.