El Gobierno aprueba una ley para aumentar la confianza en los auditores

La norma obligará a todas las entidades de interés público (EIP) a contar con un comité de auditoría semejante al que tienen las sociedades cotizadas, cuyas funciones serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, fija topes a los honorarios de las auditoras y limita a diez años el contrato por el que podrán supervisar las cuentas de bancos, aseguradoras o cualquier empresa cotizada. Transcurrido este plazo de diez años, y si se celebra un concurso público, el mismo auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta para validar el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.

La nueva ley ha generado malestar entre este colectivo, que en los últimos meses criticó la rapidez con la que el Gobierno abordaba el asunto.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha señalado que la ley "amplía el concepto de entidades de interés público" y "exige que el auditor de las entidades cotizadas del mercado bursátil tenga un auditor específico". Asimismo, "establece limitaciones entre el auditor y los familiares para que la independencia no quede mermada". De Guindos ha recordado que "también se limitan los honorarios que pueden percibir las auditoras" e intenta "que no haya un cliente que tenga más de un cierto porcentaje para proteger la independencia".

Asimismo, el Gobierno ha nombrado al actual subdirector general de Legislación y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad Jaime Ponce, como nuevo director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en sustitución de Antonio Carrascosa.