El Supremo abre una vía para sentar en el banquillo a Rato y Blesa por las polémicas tarjetas B

Un total de 83 ex altos cargos de la primera, que en parte continuaron con la segunda, dilapidaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 (en todo tipo de gastos personales) con tarjetas de crédito fuera del circuito habitual y que Hacienda no controlaba. El caso se destapó a principios de octubre y en apenas dos semanas terminó con ambos imputados y, de paso, una fianza de responsabilidad civil por 16 millones a Blesa cuyos bienes conocidos fueron embargados, y de otros tres millones a Rato, para cubrir el perjuicio a ambas entidades financieras.

Los dos fueron acusados por el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, de un delito de administración desleal, pese a que también estaba sobre la mesa la posibilidad de acusarles de apropiación indebida, falsedad societaria y fraude fiscal. Este martes, el Supremo sentó un precedente casi decisivo para sumar otro de ellos, precisamente el más grave y con mayor castigo.

En una sentencia de la Sala Segunda del alto tribunal -de la que ha sido ponente Candido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado, se afirma expresamente que el uso de una tarjeta de empresa con fines particulares es delito. Hablamos del dinero de plástico que las compañías conceden a sus directivos o empleados de confianza, aunque no se hubieran puestos límites ni cláusulas en su utilización.

Algo «de sentido común»

«El más elemental sentido común advierten los magistrados impone al titular» de ese tipo de tarjetas «excluir su uso para gastos personales que no puedan revertir la naturaleza de gastos de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa». La novedad introducida por el Supremo no es tanto esa distinción sino que el delito a atribuir sea la apropiación indebida (castigado con hasta seis años de cárcel) y no la administración desleal (para el que se prevé una pena de cuatro años de prisión como tope), como venía ocurriendo por ahora con algunas sentencias.

El matiz aplicado defendido por la Audiencia de Málaga en primera instancia es que hubo «una vocación permanente» en la «distracción de los fondos confiados» al usuario de la tarjeta. Y_ello se deduce, según el fallo, por una doble vía:_de un lado, «la naturaleza del gasto en este caso, comidas, viajes, muebles y hasta un sistema de aire acondicionado para la casa de los condenados y, de otro, «la inexistencia de gestión alguna para liquidar o devolver los fondos manifiestamente ajenos», es decir, lo que ocurrió en muchos casos con las tarjetas B de Caja Madrid.

Correos incriminatorios

La Fiscalía Anticorrupción, mientras tanto, ha pedido que se incorporen al caso varios correos electrónicos cruzados entre Miguel Blesa y varios directivos suyos que indican que el sistema de las tarjetas B no era precisamente ajeno al primero como este sostuvo en su declaración ante el juez-, sino justo lo contrario. En uno de esos mensajes, de septiembre de 2009, el secretario del consejo de la caja de ahorros afirma expresamente que todo ello tiene la bendición presidencial, en referencia a los límites de gasto de esas Visa y también de sus efectos fiscales.

En otro mensaje, esta vez de julio de 2007, el mismo cargo explica a Blesa que como ya no se reproducen las actas de la comisión de retribuciones dentro del consejo de administración, hay más confidencialidad, sobre todo en lo que a ti respecta. Sin embargo, en enero de 2009 se queja ante el presidente de fallos organizativos respecto a ese sigilo: ¿Sabías que algo tan delicado como las tarjetas black de los consejeros los lleva la secretaría de medios, que con una simple llamada de mi secretaria le da los saldos y los movimientos?. No te extrañen luego algunas filtraciones, le advierte.

Y volviendo a la sentencia del Supremo, «al actuar ilícitamente sobre un bien» de la empresa y «disponiendo del mismo como si fuera su dueño», los magistrados sostienen que hay elementos de prueba suficientes para confirmar la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a un matrimonio malagueño, administrador solidario y empleada, respectivamente, de una empresa de compraventa de coches.