El Gobierno canario tacha de «cortina de humo» la modificación de la Ley de Hidrocarburos

Para Rivero, todo lo demás es una "cortina de humo para distraer la atención de lo sustancial", mientras ha criticado que los populares piensen que "todo es vendible" y que se pueden comprar las voluntades, recordando el "firme rechazo" de la mayoría de las instituciones canarias a los sondeos. "Lo que haga el Gobierno español en el ánimo de desviar la atención de lo sustancial, que es que quiere usurpar un recurso que es de los canarios, pues todo lo demás son maniobras de distracción", ha aseverado.

Cuestionado sobre lo que hará el Ejecutivo regional respecto a la modificación de la Ley de Hidrocarburos, ha destacado que no se trata de la posibilidad de que haya un impuesto si hubiera petróleo. "He dicho hasta la saciedad que si hubieran recursos, son de los canarios y que serán los canarios los que decidirán. La posición de los isleños es 'no'", ha manifestado. Aquí, ha señalado que espera que no haya petróleo, ya que, ha dicho, si lo hubiera se estaría en el "siguiente paso", que sería la exigencia que hará el archipiélago de que esos recursos sean de Canarias y no sirvan para "especular".

Una sentencia que "no se ajusta al sentido común"

Por su parte, al ser preguntado respecto a las palabras del ministro José Manuel Soria -que ha afirmado que el Gobierno regional es un "mal equipo de fútbol que cuando pierde culpa al árbitro"-, Rivero ha ironizado diciendo que "hay partidos donde los árbitros son un desastre".

"En este caso -ha continuado- hay un voto particular que es contundente. Hay sentencias judiciales que podrían ser ajustadas a derecho, que según los servicios jurídicos del Ejecutivo esta no lo es, pero no son ajustadas al sentido común". En opinión del presidente canario, la sentencia del TSJC que rechaza la suspensión cautelar de las prospecciones no se ajusta al sentido común.

Responsabilidades penales

Por este motivo, ha señalado el Gobierno de Canarias contratará un equipo jurídico para que emprenda las acciones legales correspondientes y ha añadido que, si se derivaran responsabilidades penales, también se exigirán.

"Entendemos que hay una clara arbitrariedad en las decisiones de España, que es contraria al artículo 3 de la Constitución, que prohíbe a la Administración Pública ser arbitrarios en sus decisiones, y creemos que el informe que se ha emitido por parte de la Dirección General de Sostenibilidad del Medio Marino y de la Costa hay una clara arbitrariedad", ha comentado.

Rivero ha añadido que en estas "arbitrariedades" hay responsabilidades y que, por lo tanto, será el equipo jurídico el que precise a qué funcionarios y a qué autoridades se les puede implicar en lo que considera un delito.