Los auditores denuncian que el anteproyecto de ley de auditoría contiene cuestiones ilegales

Los apartados donde la futura normativa española no cumpliría con la legalidad se refieren especialmente a las restricciones impuestas a las firmas para garantizar la independencia de los auditores. El anteproyecto entiende que las limitaciones o incompatibilidades a la hora de auditar se deben extender hasta las vinculaciones de familiares del auditor, incluyendo relaciones de afectividad similar al matrimonio, y la propia red de relaciones del auditor o de la firma auditada. "No se puede extender tanto la incompatibilidad", señaló Alonso.

España, como el resto de los países miembro de la Unión Europea, tiene que adaptar su legislación nacional a la nueva directiva y reglamento europeos que entrarán en vigor en junio de 2016. Los Censores Jurados de Cuentas solicitan al Gobierno que cree grupos de trabajo para debatir la ley, aunque el Ejecutivo tiene previsto aprobar el anteproyecto en breve para iniciar su tramitación parlamentaria.

En concreto, los auditores critican que el periodo de rotación impuesto en el anteproyecto de ley español es mucho más corto que el margen que dan las autoridades europeas. Mientras aquí se ha fijado un máximo de diez años (cuatro años más si existe coauditoría), la directiva permite ampliarlo diez años más cuando hay concurso para elegir al auditor y hasta 14 años más si hay coauditoría.

También están en contra del aumento de las sanciones que fija el anteproyecto y que pueden acabar por obligar al cierre de una firma pequeña que no podría hacer frente a importes tan altos. Alonso señaló que cada año se emiten alrededor de 60.000 informes de auditoría, pero sólo 40 reciben sanciones por falta grave o muy grave.

El presidente de los censores jurados de cuentas abogó por que la ley permita abrir el mercado y que se desarrollen las firmas de auditoría pequeñas y medianas, en lugar de aumentar las cargas administrativas y limitar la presencia de un socio en varias sociedades de auditoría. ¿Por qué no voy a poder estar en una firma en Madrid y en otra de Barcelona?, preguntó Alonso. "Prohibirlo va en contra de la libertad de empresa", concluyó.