El uso de la reserva de los fondos agrícolas, a debate en la UE

La reserva de crisis, dentro del presupuesto agrícola de la UE, cuenta con 432 millones de euros y la Comisión Europea (CE) ha planteado que se deduzcan de ese fondo los gastos de los apoyos a los agricultores comunitarios para compensar el boicot ruso, que se cifran en 344 millones de euros. Esto significa que, de cara al próximo año, la reserva solo contaría con 88 millones de euros para hacer frente a otras crisis que pudieran afectar al sector.

España considera injusto que se haga pagar al sector agrario por ese embargo, ya que la reserva de crisis se nutre de los pagos directos a los agricultores. Por ello, España confía en lograr el apoyo de "un número significativo de países", que permitiera por ejemplo formar una minoría de bloqueo en el Consejo, para "dar una señal política" e impedir que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea, según las fuentes.

Con ello, se dejaría claro que "hay un conjunto de Estados miembros que no estarían dispuestos a aceptar el resultado de las negociaciones" sobre esa propuesta, que llevan a cabo conjuntamente el Consejo (países de la UE) y la Eurocámara.

En su lugar, España quiere que la Unión explore "otras vías" para cuadrar la corrección del presupuesto europeo para 2015.

En algunos Estados miembros hay "gran preocupación" con este asunto según las fuentes, que mencionaron en particular a los mayores productores (España, Francia, Irlanda, Grecia) y a otros países del Este, como Hungría y Lituania.

En la situación opuesta se encuentran los países más liberales de la Unión, que tradicionalmente se oponen a aumentar los gastos presupuestarios, como Reino Unido, Holanda o Suecia.

Por otra parte, el Consejo intentará llegar a un acuerdo político el lunes sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca propuestas por Bruselas para 2015 y 2016 en relación a las especies de aguas profundas.

España intentará reducir el recorte propuesto por la CE en las cuotas del besugo, especie para la que se pide una reducción del 62% en las aguas del Golfo de Cádiz, del 34% alrededor de las Azores y del 20% en las aguas ibéricas del Cantábrico. También peleará por reducir la rebaja del 20% que plantea la CE para la cuota del granadero de roca en aguas del Golfo de Vizcaya y el Cantábrico. Además, en el caso del alfonsino (palometa roja), España pedirá un aumento del 10% de la cuota, en lugar de la reducción del 5% que propone Bruselas.