Rato y Blesa «consintieron, aceptaron y propiciaron» el uso de las tarjetas opacas

Eso supuso, según el auto del juez, la percepción por dichos consejeros y directivos de 15.249.300 euros cargados a Caja Madrid a través de esas tarjetas y 245.200 euros cargados a Bankia, "en concepto distinto al retributivo" que "no están justificadas ni contractual ni funcionalmente". Andreu es tajante al señalar que no existe precepto estatutario o reglamentario ni acuerdo alguno formalizado, ni órdenes o decisiones adoptadas por ningún directivo "que justifique la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas" y, además, se hizo "sin que se produjera por parte del imputado control o supervisión alguna respecto a los gastos que dichas tarjetas de crédito generaron".

Por todo ello, el magistrado entiende que la conducta de Blesa, como presidente de Caja Madrid, y de Rato, como presidente de Caja Madrid primero y luego de Bankia, puede ser constitutiva de un delito continuado de administración desleal, castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Cada uno de los dos imputados, dice el auto, como presidente de la entidad, "autorizó mediante su entrega a nuevos consejeros o directivos que tomaban posesión de su cargo durante su mandato, y consintió el uso de las tarjetas mencionadas, y continuó con dicha práctica autorizando la emisión de nuevas tarjetas, así como el gasto que las mismas generaban". Con ello, el magistrado rechaza la excusa de que las tarjetas ya existían cuando llegaron. Además, es relevante para la presunción de delito de administración desleal que en el escrito del juez se explicita que el gasto de esas tarjetas "está contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores".

Respecto a la fijación de fianza (16 millones de euros para Miguel Blesa y tres millones para Rodrigo Rato), Andreu cita como factores para determinar la adopción de medidas cautelares "la gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos" y "la evidencia de que aún se está lejos de cerrar la instrucción". Como todo hace pensar que la apertura del juicio oral "no se encuentra en absoluto cercana" se justifica asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran determinarse. La fianza, según la ley, se fija conforme al importe probable de responsabilidad más una tercera parte.

"Cuantías desproporcionadas"

Por su parte, Blesa y Rato recurrirán la decisión, según han informado fuentes jurídicas. No obstante, sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheque o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos exbanqueros están preparando tanto sus escritos con sus abogados, en los que alegarán que se tratan de cuantías "desproporcionadas" y "extemporáneas", como la forma en que pueden hacer frente a sus fianzas. En el caso de que decidieran afrontar las cuantías aportando bienes, el Juzgado contrastará mediante un peritaje independiente si son suficientes para cubrir las cantidades.Por el contrario, si no lograran reunir las sumas, se iniciará el proceso de embargo con una averiguación patrimonial de los imputados, en la que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que disponen.

Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones. Además, en el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.