Fomento une las autopistas en un macroconcurso antes de rescatarlas de la quiebra

Alcanzado ya un preacuerdo con los principales bancos españoles, reunidos en torno al llamado G6, la clave reside ahora en que hará la banca acreedora extranjera. De momento, la mayoría rechaza la quita del 50% que exige el Gobierno por asumir su pago y quedarse con los activos (las propias autopistas) y pasivos (las deudas arrastradas) de las sociedades concesionarias. Algunas, incluso, han puesto sobre la mesa la posibilidad de reclamar un arbitraje internacional y agotar los recursos legales en España, como hicieron los productores de energías renovables tras la reforma eléctrica.

El Gobierno, no obstante, podría seguir adelante con la operación incluir todas las autopistas en una nueva sociedad pública que se llamaría SEITTSA para luego gestionarlas sin plazos dado que la banca española es mayoría entre los acreedores. Sólo el caso de la vía M-12 Eje Aeropuerto en Madrid no ocurre así.

Este obstáculo legal, no obstante, se superaría con la unificación en un solo juzgado de Madrid (el que ya lleva los casos de las Radiales 3 y 5) de los distintos procedimientos concursales abiertos. Así se lo ha empezado ya a solicitar la Abogacía del Estado por mandato de Fomento, según fuentes gubernamentales. Ello ha sido posible gracias a una disposición adicional incluida en la reforma de la Ley Concursal aprobada por el Consejo de Ministros hace una semana.

Nuevo aplazamiento

Por este motivo, se prevé que este viernes vuelva a suspenderse en principio, hasta mediados de octubre la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda, la vía de pago que tiene más avanzada la tramitación de su concurso de acreedores y cuya entrada en liquidación se daba casi por segura en junio cuando se dio el primer aplazamiento. Su deuda asciende a 522 millones y los principales socios de su concesionaria, Sacyr y Ferrovial, habían pedido retrasar su pago hasta dentro de 43 años (2057).

La quita del 50% que el Ejecutivo impone a todos los acreedores irá acompañada de una reconversión del resto de la deuda, en forma de bonos a 30 años con un interés variable. Sería de un mínimo del 1% anual en los créditos ya existentes, para ascender luego al 4,1% (la rentabilidad que ofrece el Tesoro en sus emisiones equiparables) en el nuevo tramo de pasivo que se crearía con los casi 650 millones que la banca española prestaría al Gobierno para comprar a la extranjera su parte.