La justicia pone un abogado de oficio a Díaz Ferrán pese a acumular un patrimonio de 88 millones

La noticia ha causado estupor en el seno del Ejecutivo regional madrileño, según declaró este jueves su consejero de Presidencia y de Justicia, Salvador Victoria. Pese a manifestar su máximo respeto por las decisiones judiciales, el portavoz gubernamental dijo no entender por qué los madrileños han de pagar con sus impuestos un abogado al señor Díaz Ferrán. A su juicio, si el empresario no puede disponer de sus fondos, debería ser la propia administración concursal de su anterior compañía la que sufragara el coste de su defensa jurídica y no el erario público.

Según la titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gállego, es cierto de hecho, así lo acredita un informe detallado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía- que Díaz Ferrán tiene un patrimonio inmobiliario valorado en casi 88 millones de euros. De mismo forman parte más de una veintena de casas, solares y plazas de garajes repartidas en varias ciudades tiene un piso, por ejemplo, en Nueva York, amén de su costoso chalé de Madrid tasado en 1,2 millones-, además de distintos vehículos de lujo, un yate, varias gasolineras e incluso un castillo en una finca de Toledo.

Ya ha sido condenado

Sostiene la juez, sin embargo, que todas esas propiedades se hallan ya bajo embargo judicial en las diferentes causas abiertas contra el empresario fundamentalmente, en el referido procedimiento concursal-, quien está en prisión desde diciembre de 2012 y ha sido condenado a más de dos años de cárcel por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, además de haber sido considerado culpable en la jurisdicción mercantil (junto a sus socios) de la quiebra dolosa de Marsans.

Su próximo juicio será precisamente por la estafa cometida para vaciar patrimonialmente este otrora emporio turístico, hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él una pena de 15 años de cárcel y una multa de 5,1 millones por delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y concurso fraudulento.

Aunque la instructora del concurso de Marsans admite que hay aparentes «signos externos» de que él y su mujer disponen de «capacidad económica suficiente» para costear su defensa como alegaba la Comunidad de Madrid para rechazar la petición de Díaz Ferrán, luego recurrida por éste-, argumenta que, en la práctica, no pueden disponer realmente de sus bienes. Y de ahí, añade, que se le haya de permitir el acceso a un abogado de oficio que lleve su defensa.