Terciado reconoce ante el juez que sus empresas facturaron a Cepyme desde 2010

La comparecencia del presidente de Cepyme, que estaba convocado a las 12.30 horas en el juzgado en calidad de imputado por supuesta estafa, falsedad documental y apropiación indebida, se prolongó casi una hora y media. Allí debió responder sobre la denuncia presentada por Bernabé Cascón y Benjamín Crespo, miembros de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) y por Ricardo Andrés Marcos, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale). Estos miembros de Cepyme aseguran que Terciado utilizó la facturación de sus empresas por servicios "no aclarados" para cobrar un sueldo de manera irregular.

De hecho, según consta en la denuncia, la cuantía que Tecrucyl facturó a Cepyme en 2011 supuso el 90% de sus ingresos y resaltan que acabó su actividad en octubre de 2012 justo cuando se presentó una querella contra ella. Algo similar aseguran ocurrió con Ingasert, cuyos cargos a Cepyme supusieron el 60% de sus ingresos en 2012.

Por su parte, el presidente de Cepyme ha mantenido ante el juez que las remuneraciones percibidas durante los cuatro años de su mandato "se han realizado de manera correcta, habiendo seguido además la pauta de comportamiento que mantuvo la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa durante los mandatos anteriores", según ha explicado en un comunicado. Además, ha pedido que las "falsas acusaciones" que se han vertido contra él "sean aclaradas definitivamente cuanto antes".

Ahora el juez deberá decidir qué pasos seguir. Los denunciantes esperan que después de que Terciado haya reconocido los hechos el magistrado emita una providencia pidiendo más diligencias, es decir, declaraciones de otras personas que puedan aportar más información sobre el caso. De hecho, consideran que sería una sorpresa enorme que se archivara la denuncia.

Pero Terciado no solo debe responder ante los tribunales. Y es que los tres directivos también han elevado una queja ante la Comisión de Ética de CEOE en representación de Confaes para averiguar si el presidente de Cepyme aprobó ponerse un sueldo de 154.000 euros en contra de lo marcado en los estatutos, donde no consta remuneración alguna para ese cargo.