El sector hotelero se une contra el negocio de las viviendas turísticas

El sector exige al Gobierno actuar contra lo que considera una competencia fraudulenta que fomenta la economía sumergida mediante el alquiler a gran escala de apartamentos con fines turísticos a través de plataformas que carecen de regulación.

El presidente de CEHAT, Juan Molas, ha advertido de que la situación es muy preocupante para una industria tan importante para España como es el turismo. De hecho, recordó que el sector del alojamiento cuenta con 16.000 empresas que generan 268.000 empleos directos y otros 300.000 indirectos. Molas denuncia que, por su parte, los trabajadores de estos alquileres turísticos no cotizan ni están dados de alta en la Seguridad Social. Las viviendas turísticas no producen los niveles de empleo exigibles a cualquier actividad económica, ha asegurado.

El sector del alojamiento reglado ha insistido en que no pretende impedir el alquiler de viviendas, sino que participen en un mercado turístico con las mismas reglas de juego con las que compiten los otros actores del sector. En este sentido, recuerdan que el sector contribuye "al mantenimiento del sistema fiscal con el pago de impuestos", mientras que estas viviendas privadas no pagan ninguno y les permite aplicar precios inferiores.

La actual falta de regulación está generando graves problemas de seguridad, aumento de economía sumergida, incremento e trabajo ilegal, violación de derechos de consumidores en materia de seguridad y calidad y degradación de imagen y el futuro de los destinos turísticos, aseguran en el manifiesto.

El secretario general de CEHAT, Ramón Estalella, ha explicado que en las reuniones que ha tenido con representantes de algunos de estos portales de internet ha notado un cambio en su actitud debido al inmenso tamaño que ha alcanzado el negocio. De hecho, ahora algunos de estas plataformas están planteándose una mínima regulación para poder así, por ejemplo, acudir a Bolsa. Sin embargo, desde la confederación han defendido la necesidad de aprobar una normativa clara y lo más homogénea posible para todo el país.