Se elevan a diez los detenidos por el presunto fraude del AVE

Según han informado fuentes cercanas al caso, la detención de esta décima persona se ha practicado esta mañana en la capital catalana, en el marco de la operación abierta desde ayer, cuando nueve personas fueron arrestadas y se practicaron once registros de forma simultánea en Barcelona y en Madrid.

El último detenido, que ha sido arrestado cuando acababa de llegar a Barcelona procedente de Arabia Saudí, es Juan Luis M., de nacionalidad mexicana, responsable de obras ferroviarias del AVE y que trabaja para la empresa Aecon. Juan Luis M. se ocupaba del tramo del AVE de La Sagrera, que es el que está bajo sospecha, según han precisado fuentes de la investigación.

No es trabajador de Adif

Un portavoz de Adif ha afirmado que este detenido no es trabajador del gestor de infraestructuras, por lo que, en total, de los diez detenidos cuatro son personal de este ente y dos de ellos ya han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez.

Entre los detenidos ayer en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, se encuentran un gestor responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que supervisaba las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noroeste, Rafael R., además del delegado en Barcelona de la empresa adjudicataria, Corsán, Marino V.

Según estas fuentes, de los diez detenidos, cinco -los que supuestamente tienen una implicación menor en la trama- han quedado ya en libertad, a la espera de ser citados por el juez, mientras que los cinco restantes pasarán a disposición judicial en las próximas horas, posiblemente mañana.

De los cinco implicados que aún siguen detenidos, tres de ellos fueron arrestados ayer en Madrid y esta mañana han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, donde permanecen a la espera de acudir ante el juez.

En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, se investiga si directivos de la contratista Corsán se concertaron con cualificados funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la empresa en perjuicio de los fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos -cinco en Madrid y cinco en Barcelona- alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos adjudicadas en las obras del AVE de Madrid a Barcelona, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsán de unos 6 millones de euros, parte de los cuales fueron para los responsables de Adif implicados en forma de dádivas.

En los registros efectuados ayer -el último en la sede de Adif en La Sagrera ha finalizado más allá de las cinco de la madrugada de hoy-, los agentes se incautaron del pliego de condiciones de la adjudicación del tramo en cuestión a Corsán.

En marzo de 2008, la contratista Corsán Corviam, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones de euros, frente a los 98,6 millones presupuestados.

Además, también han intervenido documentos relacionados con la facturación y los pagos de la obra investigada, según las fuentes cercanas al caso.

Los agentes analizan ahora toda la documentación intervenida en los once registros efectuados.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha considerado un "éxito" la operación y se ha mostrado satisfecho con su desarrollo y con la documentación intervenida.

Fernández de Mesa ha evitado entrar en más detalles porque el juez ha decretado el secreto del sumario y se ha limitado a destacar que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial a instancias del juez.

A raíz de esta operación, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que hoy mismo se han dado instrucciones desde su departamento para que se inicie una auditoría de la obra del AVE investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

La Comisión Europea (CE), por su parte, ha aclarado hoy que no se utilizaron fondos europeos en las obras de construcción del AVE entre Madrid y Barcelona.

"Por lo que respecta al AVE a Barcelona (la estación de Sagrera) actualmente bajo investigación judicial, no hubo cofinanciación comunitaria ni del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ni de los Fondos de Cohesión", ha señalado la portavoz comunitaria de Política Regional, Shirin Wheeler.

Además, el gestor de infraestructuras Adif ha suspendido de forma provisional de sus responsabilidades y funciones a los empleados detenidos en el marco de la investigación, situación que se prolongará hasta que se esclarezcan los hechos.

Los investigadores dedicarán todo el día de hoy a analizar la documentación recogida en los registros llevados a cabo durante el día de ayer y la madrugada de hoy.

El registro de la sede de Adif en Barcelona situada en la estación de La Sagrera ha concluido pasadas las 05.00 de esta mañana, tras casi 24 horas desde que agentes de la Guardia Civil entraran en estas dependencias a la búsqueda de documentación relacionada con una presunta trama de corrupción en la construcción del AVE.

Un portavoz de la Guardia Civil ha informado de que la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero para averiguar si directivos de la contratista Corsan se concertaron con altos funcionarios del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos, sigue abierta.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que algunos de los detenidos -cinco en Madrid y cuatro en Barcelona- alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos de las obras, falsearon después las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsan, de unos 6 millones de euros.

En la operación se han practicado hasta el momento once registros, seis en distintas sedes de la empresa Corsan y de Adif en Barcelona y Madrid, así como en cinco domicilios particulares de los principales implicados.