El GAFI visita España para evaluar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El cambio introducido consiste en que, al análisis cuantitativo de las actuaciones de vigilancia policial o inspectoras que ya venían realizando, los expertos del GAFI realizarán ahora un análisis cualitativo de los procedimientos implantados, el intercambio de información y la coordinación entre administraciones. El informe será aprobado el próximo mes de octubre en el plenario que celebrará este organismo del 19 al 24 de octubre.

Desde el pasado 22 de abril y hasta el 7 de mayo, los expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional se reúnen con el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, con responsables del Sepblac (Servicio de prevención de blanqueo de capitales, organismo homólogo al GAFI_a nivel nacional), de la Dirección General de Tesoro y de la Dirección General de Seguros, de la Agencia Tributaria en el área de inspección y de Aduanas, con representantes del Banco de España, de la CNMV, la Dirección General del Juego, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Justicia. Junto con el análisis de cómo trabaja la administración central, los enviados del GAFI analizarán la situación a nivel provincial. Para ello, durante la primera semana de mayo se desplazarán a Málaga.

Otros países sobre los que el GAFI realizará informes este año son Bélgica, Australia, Noruega e Italia. En 2012, el organismo actualizó sus recomendaciones sobre las obligaciones para la prevención de determinados sujetos por parte de bancos y aseguradoras, entre las que aparecen medidas legislativas que permitan a las autoridades competenetes congelar, decomisar o confiscar los bienes blanqueados o que sean producto del blanqueo o destinados a financiar el terrorismo. Además, las instituciones financieras deben tener prohibido mantener cuentas anónimas o bajo nombres evidentemente ficticios y estarán obligadas a un seguimiento de la relación comercial y el análisis de las operaciones para asegurar que las operaciones que se realizan son coherentes con el conocimiento que la institución tiene del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, el origen de los fondos.

En la ley de transparencia, España amplió el número de personas especialmente expuestas que requieren un seguimiento especial y que incluye a los altos cargos de la administración central, la administración autonómica y local y los partidos políticos. También se creó una comisión de lucha contra el blanqueo de capitales presidida por el secretario de Estado de Economía.