Más de 100.000 empresas han reducido la potencia de luz para hacer frente a la crisis

Más de 102.000 empresas y autónomos han reducido la potencia de electricidad contratada en sus instalaciones desde que se decretó el estado de alarma a mediados de marzo, para poder sufragar un recibo inferior sobre todo en la parte fija de la factura, donde se incluyen los cargos de esa potencia.

La posibilidad de realizar esta modificación de la potencia sin costes adicionales -como suele ocurrir en épocas ordinarias- fue una de las medidas aprobadas por el Gobierno para que los empresarios pudieran hacer frente a la crisis en un momento de desplome de la actividad y las ventas, según ha recordado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia en el Congreso.

Ribera también ha apuntado que han sido 25.900 los hogares que han podido acceder al bono social -el descuento en la tarifa de luz de entre el 25% y el 40% en la parte del consumo, dependiendo de su situación socioeconómica- tras haberse flexibilizado los requisitos para solicitar esta ayuda. De este modo, son 1,3 millones los perceptores del bono social en estos momentos. En el estado de alarma, pueden acogerse los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE) y los autónomos que hayan cesado actividad o reducido sus ingresos en más de un 75%

El Ejecutivo también decidió prorrogar la vigencia del bono social hasta el próximo 15 de septiembre para quienes tuvieran que solicitar su renovación en marzo. Precisamente ese mes autorizaron hace dos años los primeros bonos sociales tras la anterior reforma del sistema. Y era necesario volver a renovar su vigencia, una obligación que queda exenta durante seis meses. Esta medida ha permitido, según Ribera, que unos 70.000 usuarios puedan seguir beneficiándose de la ayuda al menos hasta después del verano.

Ribera ha recordado que la envergadura de la crisis socio-económica derivada de la pandemia nos obliga hoy a un esfuerzo de reconstrucción histórico. Por ello, la vicepresidenta ha remarcado la necesidad de un 'Plan Europeo de Reconstrucción valiente y ambicioso, a la altura del reto que enfrentamos' y que tenga como palancas una recuperación verde y una transición justa.

El Gobierno de España ha propuesto la creación de un Fondo de Recuperación de entre 1 y 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua de la UE para reactivar la economía europea. Un fondo, ha apuntado Ribera, que debe financiar prioritariamente inversiones que contribuyan a la transición ecológica y digital, en línea con la declaración del Consejo Europeo de 26 de marzo. «No podemos caer en los mismos errores cometidos en el pasado, cuando privilegiamos atajos cortoplacistas basados en la economía fósil para afrontar la crisis económica», ha explicado.

Ribera ha recordado el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que el «Green Deal» será la palanca del Plan de Recuperación. Desde la CE ya se está trabajando por priorizar los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible: la economía circular, las energías renovables, la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios o la resiliencia al cambio climático.

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