Brasil autoriza la salida del dirigente olímpico acusado de venta ilegal de entradas

El también dirigente del Comité Olímpico Europeo y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) fue detenido el 17 de agosto en un lujoso hotel de Río de Janeiro, acusado de participar en una red de reventa ilegal de entradas que habría tenido ingresos de al menos 10 millones de reales (unos tres millones de euros). Hickey, que se declaró «completamente inocente» de esos cargos, dimitió temporalmente de sus funciones a raíz del arresto. Poco después de ser detenido, el irlandés tuvo que ser hospitalizado brevemente por una indisposición. Ante sus problemas de corazón, el pasado 29 agosto, un juez revocó su prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad de Río, aunque le prohibió la salida del país.

A mediados de septiembre, Hickey emitió un comunicado en el que negó todas las acusaciones en su contra y prometió defender su nombre y reputación. Mientras, el Gobierno irlandés lanzó una investigación independiente sobre la reventa ilegal de entradas, extendiendo las pesquisas a los Juegos de Londres y Sochi.

Dirigentes olímpicos con Hickey

El martes, en la reunión de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) de Doha varios dirigentes pidieron públicamente que Brasil autorizase el regreso a Irlanda de Hickey.

«Patrick Hickey fue acusado de crímenes que no creemos que él haya cometido (...) Esperamos que sea autorizado para volver a casa para poder probar su inocencia», dijo Janez Kocijancic, presidente del Comité Olímpico Europeo. «No pedimos misericordia, sino una medida humanitaria», manifestó el dirigente.

La familia del dirigente olímpico ya había instado al ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Charles Flanagan, y a su homólogo de Deportes, Shane Ross, a «intervenir de inmediato» en el caso. Hasta ahora no se conoció la fecha en la que Hickey saldría de Brasil.

El escándalo que involucró al alto dirigente olímpico comenzó el 5 de agosto, en la apertura de Río 2016, con el arresto del irlandés Kevin James Mallon y de otros diez brasileños que vendían entradas compradas con tarjetas de crédito pirateadas. En ese momento, la Policía dio a conocer que, por ejemplo, por localidades para la ceremonia de inauguración que costaban 1.400 dólares (unos 1.400 euros), la red los revendía por 8.000.