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El Calahorra está en el punto de mira tributario al ser una de las diez entidades deportivas que este miércoles examinó la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según informó la primera, la actuación afecta a varios clubes que militaron en ... Segunda B en los últimos años y tiene como objetivo recabar información documental que pudiera revelar posibles fraudes a la Seguridad Social y también otros delitos vinculados al uso de dinero no declarado, algo que provoca la desprotección de los futbolistas profesionales.
Hércules de Alicante y La Nucía (Comunidad Valenciana), Calahorra (La Rioja), Atlético Sanluqueño y Real Balompédica Linense (Andalucía), Extremadura y Mérida (Extremadura), Salamanca CF (Castilla y León), Atlético Baleares (Islas Baleares) y Cartagena (Murcia) completan la relación de conjuntos que están siendo investigados en este momento, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación. Estas actuaciones han sido coordinadas por el «Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude».
La intervención tiene su origen en una carta dirigida a la Federación Española de Fútbol que firmaron once clubes de Segunda B en el año 2020. En el transcurso de la última reunión presencial de la Comisión Delegada de la categoría, en enero del pasado año, denunciaban el agravio comparativo que sufrían quienes pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social.
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Los investigadores contactaron con agentes del mundo del fútbol con el fin de comprobar si era cierto lo que se denunciaba en la carta. Además, la reunión que tuvieron los presidentes de clubes de Tercera y Segunda B en noviembre de 2019 ya había puesto sobre la pista a la Guardia Civil. Una vez constatada la normalización de esta práctica, «se preparó la campaña que se está llevando a cabo». La Guardia Civil indica que estas inspecciones en la lucha contra el fraude están «normalizadas y se realizan de forma habitual con las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos, algo que se intuye en las entidades investigadas».
El problema generado por este tipo de fraude es doble. Por un lado, el Estado ingresa menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de los futbolistas y por otro, los deportistas afectados se ven privados de los derechos de la Seguridad Social por su relación laboral con los clubes a los que pertenecen.
Además, en este caso concreto la Benemérita lo ha realizado en el desarrollo de sus funciones de lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.
Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de La Rioja, Algeciras, Cádiz, Alicante, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.
En concreto, son diez clubs de fútbol los sometidos a inspección, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación: Hércules de Alicante y La Nucía (Comunidad Valenciana), Calahorra (La Rioja), Atlético Sanluqueño y Real Balompédica Linense (Andalucía), Extremadura y Mérida (Extremadura), Salamanca CF UDS (Castilla y León), Atlético Baleares (Islas Baleares) y Cartagena (Murcia).
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