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'Operación Brody'

Rubiales, ante la jueza: «El dinero de la Supercopa salvó el fútbol»

Aunque trató de convertir en un alegato por la transparencia su extensa declaración como investigado de más de cuatro horas, con tres recesos, la jueza Delia Rodrigo al final le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer ante el juzgado una vez al mes y cuantas veces sea requerido, además de la obligación de solicitar permiso cuando quiera salir al extranjero. Una petición que debe incluir las fechas de salida y regreso, y el domicilio en el que resida durante el tiempo en que esté fuera. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía había solicitado comparecencias quincenales pero la defensa se opuso.

Lo más granado, sus respuestas a la jueza y a la Fiscalía sobre la Supercopa de Arabia Saudí. Según fuentes jurídicas, rechazó haber pagado comisiones a Gerard Piqué o a su empresa Kosmos y también haberlas cobrado. Desgranó siguió una hoja de ruta similar con Marruecos, que albergó este torneo en 2018, y se congratuló de haber conseguido disparar la facturación.

Puso de relieve que antes casi nadie quería jugar este torneo menor y con «baja audiencia», que ese contrato se firmó en medio de una pandemia y que de no haber sido por esos ingresos, el fútbol español podría haber muerto. Sacó pecho de su gestión al haber logrado aumentar la facturación de 140 a 400 millones de euros y haber conseguido que a España se le asigne el Mundial de 2030.

Enfatizó que el contacto con Kosmos no lo estableció la Federación sino el propio Piqué, que también fue quien habló con la empresa eárabe Sela, y dejó claro entre ellos negociarían la comisión del entonces futbolista (24 millones de euros en seis años). «No ha habido un contubernio», zanjó Rubiales antes de recordar que recibió a través de intermediarios ofertas de Catar, China, India o Rusia y que el contrato recibió el visto bueno del comité ético y el departamento de 'compliance' del ente federativo sin que fuera necesario al tratarse de ingresos, no de gastos.

La jueza también le cuestionó por las obras en el estadio sevillano de La Cartuja, adjudicadas a la empresa Gruconsa, en la que trabaja un hermano de Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos de la federación. Rubiales respondió que la FEF, como entidad privada, podía contratar a quien quisiese, si bien indicó que hablaron con la Junta de Andalucía y les pidieron que aportasen «algo de dinero» para acondicionar esta instalación.

Defendió el acuerdo con Gruconsa fue sometido al comité económico y aludió a un informe técnico del departamento de eventos que indicaba que tenía que ser esa empresa quien hiciese las obras porque ya se le había encomendado en 2020 una auditoría técnica de las deficiencias del estadio. Y trató de dejar claro que el abogado y asesor externo de la FEF, Tomás González Cueto, también investigado, le aconsejó hacer todo «tal y como dicen las leyes de contratación pública para darle la máxima transparencia».

Rubiales también fue interrogado por el cambio de la agencia de viajes de la Federación, pasando de Viajes El Corte Inglés a Globalia. Un movimiento que podría haber incurrido en un sobrecoste de 5,7 millones de euros, según las pesquisas de la Guardia Civil. Lo atribuyó a una mejor oferta y al conocimiento que del presidente de Globalia tenía todo el mundo del fútbol. «Yo no hablé nada con él. Esto llegó por un intermediario, se negoció con marketing y se cambió. No tiene nada que ver con que Globalia tuviera relación con Sela. Me he enterado ahora», desgranó.

Se le cuestionó también sobre viajes a Boston y Nueva York y una fiesta en Salobreña, todo al parecer pagado por fondos federativos. «El viaje a Salobreña es en pandemia. Es cuando nos podíamos reunir solo en lugares abiertos. Tuvimos encuentros del Comité Ejecutivo de UEFA, también de presidentes, se cerró un patrocinio... Hubo mucho trabajo. Por imagen y transparencia, nosotros dijimos de pagarnos cada uno lo suyo para evitar muchas acusaciones como las que hay hoy aquí. La única excepción fueron dos o tres comidas con la Federación Andaluza y una comida de directores», apuntó Rubiales antes de sentenciar que era «falso que Nene (su socio principal) llevara ocho o diez mujeres a la fiesta».

Del mismo modo, le cuestionaron por la ayuda a la vivienda que recibía de la FEF. El expresidente aseguró que no recuerda cuánto pagaba en concepto de alquiler porque lo abonaba directamente la Federación tras aprobarlo en Asamblea. «Decidimos abaratar el coste del presidente y por eso pusimos la cifra de 1.500 euros como ayuda de vivienda», declaró.

Ante preguntas de su defensa, Rubiales se refirió a su salida de la FEF, que calificó de «traumática», y garantizó que no se llevó «ni un céntimo» del organismo. El expresidente también justificó el porqué de su estancia prolongada en la República Dominicana. «Dirigí mis inversiones hacia allí porque era una buena oportunidad. Traté de abrir cuentas en España pero estoy vetado civil y mediáticamente. Como consecuencia, decidí buscar oportunidades fuera de España. Inicialmente tenía previsto fijar mi residencia allí, pero ahora con esto tengo que fijar la residencia aquí y quiero pedir permisos para poder viajar. Yo necesito mi pasaporte para vivir y para trabajar».

La jueza fijó precisamente su declaración para este lunes después de que el pasado 3 de abril la Guardia Civil lo detuviera y dejara en libertad tras su llegada a España desde el país caribeño, donde Rubiales se hallaba cuando tuvieron lugar los registros tanto en la sede federativa como en varios domicilios de Madrid y Granada. La jueza ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que registrara el alojamiento del exfutbolista en Punta Cana y autorizó el copiado y volcado de todos los dispositivos informáticos que se incautaron los agentes. Antes, requirió a unos quince bancos que le facilitasen información sobre nada menos que 36 cuentas a nombre del expresidente de la FEF, que en su gran mayoría fueron bloqueadas.

Por orden cronológico, Rubiales es el cuarto de los investigados en comparecer ante los tribunales tras Pedro Rocha, que le sucedió como presidente interino al dimitir tras el escándalo por el beso no consentido a Jenni Hermoso; el asesor jurídico externo del exfutbolista granadino, Tomás González Cueto, y Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio sevillano de La Cartuja. En total, son 15 las personas investigadas.

El caso más significativo tras el de Rubiales es, obviamente, el de Rocha, que fue citado como testigo pero la jueza lo imputó después de que durante el interrogatorio respondiese con un «no lo sé» a la mayoría de las preguntas que se le realizaron. De momento, no hay fecha para su declaración.