Se estrecha el cerco a Luis Rubiales

Rubiales se expone a otro juicio y a sentarse en el banquillo, como deberá hacer por su beso a Jenni Hermoso, aunque en el caso que dio la vuelta al mundo, provocó una revolución y le costó la inhabilitación, una hipotética sentencia de cárcel por agresión sexual y coacciones pueda ser sustituida por una multa. En esta ocasión las penas de prisión sí son una amenaza real para los imputados en la llamada 'operación Brody'.

El registro por parte de la Guardia Civil en la sede de la FEF, en La Cartuja y en el domicilio de Rubiales en Granada por supuestos contratos irregulares durante su mandato llegó el miércoles en el momento oportuno, horas antes de que se convocasen las elecciones, ahora paralizadas por un caso que enfanga aún más al fútbol español y salpica de lleno a quien era el favorito a ocupar el sillón presidencial, Pedro Rocha. Luis Rubiales seguramente arrastrará en su imparable caída a quien designó para su sucesión interina, a quien fue su vicepresidente económico, que veía el camino despejado hacia la poltrona presidencial hasta que la Guardia Civil irrumpió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y situó de nuevo a España en el foco internacional de la ilegalidad.

Cuando se reclama una regeneración en la FEF, con Rubiales acusado ahora de presunta corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales, el terremoto que sacude una vez más los cimientos de la institución al menos debería servir para romper con el pasado e iniciar una nueva era. El mismo organismo que con su habitual sistema clientelar permitió a Ángel Villar perpetuarse en el cargo durante 28 años y eligió y reeligió a Luis Rubiales para ocupar tan codiciado puesto en el último lustro, queda a expensas de una asamblea federativa que ya ha empezado a distanciarse de Rocha, víctima colateral de la gestión del expresidente.

La Supercopa de España firmada con la empresa de Gerard Piqué para ser trasladada a Arabia Saudí, los contratos de la FEF con la Junta de Andalucía para reformar el estadio de La Cartuja y disputar allí las finales de la Copa del Rey y partidos de selección y el convenio suscrito con empresas chinas para construir una Ciudad del Fútbol en Pekín, también adjudicado a la empresa Gruconsa, están en el punto de mira de la Guardia Civil y de un juzgado de Majadahonda. Contratos bajo sospecha que pudieran derivar en cárcel para los implicados en la supuesta trama.

Por el momento, ya están fuera de la FEF, aunque la reacción haya llegado tarde, el brazo jurídico de Rubiales, Tomás González Cueto; el director de los Servicios Jurídicos, Pedro González Segura; y el de Recursos Humanos, José Javier Jiménez. Y Ángel González Segura, vinculado a la empresa de las obras de La Cartuja, con una estrecha relación con el exdirigente granadino, también entre los investigados en el marco de una operación que tiene en el epicentro a Rubiales.

«Hay personas que no merecen estar donde estuvieron en la FEF. La codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la tentación de la corrupción», ha lamentado el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que garantiza que no habrá injerencias del Gobierno en las futuras elecciones que deberían celebrarse por fin en mayo. Sin embargo, Pedro Rocha ya es consciente de que su futuro como presidente se ha puesto prácticamente imposible, mientras en el horizonte aparecen los nombres de Mateu Lahoz, Mateu Alemany, Javier Lozano, Salvador Gomar, Emilio García Silvero... aunque hasta ahora solo el periodista Carlos Herrera y la abogada Eva Parera hayan anunciado que se presentarán a los comicios.

El abogado de Miguel Galán, el azote de Ángel Villar que denunció en los tribunales a Rubiales y Piqué, incluso ha solicitado formalmente a la jueza que instruye la causa que cite a declarar, «en la calidad que ese juzgado entienda más procedente», a Pedro Rocha. «Por su conocimiento sobre la mayoría de los hechos investigados, dada la naturaleza de su responsabilidad y el importante cargo que ocupó», asegura el letrado de Miguel Galán, el presidente del Comité Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe) que ha provocado el seísmo que pretende poner punto final a la negra etapa del 'rubialismo', al que se le ha dado un contundente golpe. Tras la citada denuncia, el Consejo Superior de Deportes ha iniciado los trámites para su inhabilitación. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) serán los encargados de tomar una decisión al respecto y abordar el futuro del extremeño. Valorará si se aprecian indicios de delito porque, en ese caso, será apartado de sus funciones, tal y como pasó con Luis Rubiales hace varios meses.