Rubiales condiciona la continuidad de la Primera Federación al control económico de los clubes

El escrito de siete páginas detalla el planteamiento federativo desde la perspectiva de cinco puntos distintos y traslada toda la presión al tejado de los clubes, condicionando la viabilidad de la categoría a la aceptación de sus exigencias. «Si la mayoría de los clubes entienden que estas propuestas no son las adecuadas, los órganos competentes de la RFEF, de acuerdo con lo previsto en la ley del deporte, los Estatutos de la RFEF y en el Reglamento General, adoptarán aquellas decisiones sobre la configuración de las competiciones oficiales de ámbito estatal no profesionales que se consideren más beneficiosas para el conjunto del fútbol español», advierte la FEF en su escrito, dejando muy claras sus firmes intenciones en caso de recibir una respuesta negativa de los clubes.

La Federación considera que resulta imprescindible la aprobación de una reglamentación específica de control económico. Su modelo pasa por la obligatoriedad de una licencia federada previa al inicio de la competición, para cuya obtención resultará necesario presentar los datos económicos de las dos últimas temporadas. Asimismo, propone la introducción de mecanismos de control que garanticen el pago de los salarios y eviten un incremento de la deuda, con la posibilidad de establecer límites máximos en ambos sentidos.

Este primer punto concentra gran parte de la controversia entre los clubes, que viven en realidades muy diferentes, algunos con estructuras y departamentos prácticamente profesionalizados y otros bajo modelos de club más cercanos al fútbol amateur. Esta sustancial diferencia de posibilidades entre unos y otros dificulta seriamente la aceptación de unas condiciones que prácticamente imposibilitarían la continuidad de la institución en la categoría a los más modestos.

En segundo término, la FEF acepta la petición de los 18 clubes díscolos para que el sistema de revisión de sanciones disciplinarias se ajuste a lo establecido en la ley del deporte. Asimismo, y según recoge el tercer punto de su misiva, establece la necesidad de aprobar un convenio colectivo aunque en el contexto de las competiciones no profesionales.

El cuarto apartado de la carta contempla las obligaciones derivadas del Reglamento General, entre las que se incluye la aprobación previa por parte de la Federación de los acuerdos entre clubes de la categoría que influyan en el 'fair-play' de la competición. Por último, el quinto punto hace referencia al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico español, así como de los Estatutos de FIFA, UEFA y FEF, del Reglamento General y el resto de normativas aprobadas por los órganos competentes.

Así las cosas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se espera una respuesta en firme de los 40 clubes en las próximas horas. A tenor de las diferentes posturas hasta la fecha, lo normal es que el modelo federativo de control económico reciba el respaldo de una mayoría. Sin embargo, ese apoyo puede distar mucho de ser total, lo que evitaría la estabilidad de la competición y abriría un enorme interrogante sobre el futuro de aquellos clubes que consideran inviable la propuesta, poniendo en riesgo su continuidad tras el verano.